El revés de Ponce ad portas de resolución de la SVS por denuncias de Moneda y AFP

En mayo de 2012 Julio Ponce acató la orden la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y reversó las utilidades de Norte Grande, Oro Blanco, Pampa Calichera y Potasios. Tuvo que pasar poco más de un año para que el regulador volviera a arremeter con una nueva exigencia sobre las sociedades cascada, siendo precisamente Potasios de la que deberá enajenar acciones de propia emisión equivalentes al 10,07% de la propiedad, unos US$ 33 millones al calcular el número de títulos por el precio de los papeles de la serie A de la citada firma. 
Y es que el regulador calificó de “situación irregular” lo que pasa con las acciones de dicha firma, ya que “le produce una baja patrimonial” que la hace funcionar frente al mercado y los accionistas “no con un patrimonio del 100%, sino que ha debido rebajarse al 89,93%”.

La reacción de Ponce frente a esta nueva orden de la SVS se conocerá en los próximas jornadas, ya que tiene un plazo de cinco días hábiles para informar la forma en que enajenará dichas acciones. La notificación se efectuó el 2 de julio recién pasado, por lo que la fecha límite para responder a la entidad que encabeza Fernando Coloma se extendería hasta el lunes de la semana que viene.

Este nuevo revés de Ponce se da justo cuando la citada Superintendencia estaría afinando los últimos detalles de la investigación que inició por las denuncias de Moneda y las AFP, quienes cuestionan algunas transacciones efectuadas por Ponce, que -según plantean- les habría provocado un perjuicio monetario a los minoritarios.

Si bien la resolución de dicha indagatoria se ha dilatado por varios meses, cercanos al proceso confían en que los resultados se conocerán durante el presente mes y que su demora se explicaría por lo extenso del período investigado, el cual partiría en 2008.

A principios de junio de este año, la SVS requirió información a las corredoras de bolsa acerca de las transacciones de acciones de las sociedades cascada. Poco antes había solicitado los mismos datos para el período que va entre el 2 de enero y el 23 de mayo del presente ejercicio.




A la espera de la SVS


Lo cierto es que la definición del SVS respecto a este caso se convertirá en el hito más relevante de la pugna entre Ponce, Moneda y las AFP.

De ser desfavorable para el primero, los denunciantes acudirían a la justicia tal como lo reconoció hace algunos meses una de las administradoras de fondos de pensiones. “Para eso le hicimos el planteamiento a la autoridad, para obtener antecedentes que nosotros no podemos obtener directamente”, dijo en esa oportunidad una de las AFP.

En caso de que el regulador no logre acreditar ninguna conducta anormal en las transacciones cuestionadas por los minoritarios, la querella que ya presentó Ponce ante los tribunales de justicia podría tomar una mayor importancia en todo este caso.

Dicha acción legal solicita que se investigue a quienes resulten responsables por la baja en el precio de las acciones de Oro Blanco y Norte Grande durante el año pasado. En esa ocasión los dardos de Ponce apuntaron a Moneda. Ante tal acusación, la administradora de fondos de inversión reaccionó con fuerza y a través de una inserción en los medios de prensa recalcó que “no se dejará amedrentar por acusaciones falsas”. Pero esta semana Ponce volvió a arremeter contra la firma y solicitó a la SVS que se investiguen las transacciones de una serie de ejecutivos de la administradora.

Hace unos días se produjo uno de los últimos encuentros públicos entre los directivos de las sociedades cascada y los representantes de Moneda y las AFP. Fue en las juntas de accionistas de Oro Blanco y Norte Grande, donde se negó la entrega de la información solicitada por los minoritarios sobre las operaciones de compra y venta de acciones, y de financiamiento entre las cascadas. Al mismo tiempo, las dos juntas -con el voto en contra de los minoritarios- también rechazaron entregar la información a la SVS.
En la junta de Norte Grande, el representante de Moneda señaló que "la ley de sociedades anónimas es especialmente rigurosa en cuanto obliga a que las operaciones relacionadas sean sometidas a requisitos especiales para su celebración, incluyendo dar noticia a sus accionistas. Moneda, las AFP y otros accionistas minoritarios llevamos once meses solicitando conocer esta información básica, lo que ha sido sistemáticamente denegado por el controlador de esta compañía. Hoy, el desprecio por la ley y la transparencia del mercado se ha consumado definitivamente (...)".