Caso Cascadas: investigación penal se podría ampliar al delito de lavado de activos


No sólo los inversionistas están expectantes ante la decisión que deberá tomar la Superintendencia de Valores (SVS) respecto a si ordena o no la reversión de utilidades de algunas de las llamadas “sociedades cascada”.

Esto porque si finalmente el regulador sanciona a los inculpados y exige esta medida, los efectos legales no se harían esperar: al existir una resolución que acuse la comisión de un delito (dentro de los contemplados en la ley 19.913 artículo 27), que generó ganancias y que éstas se hayan ocultado o disimulado -por ejemplo a través de operaciones financieras realizadas con sociedades en el extranjero-, necesariamente, desde el punto de vista jurídico, se abre la arista de un eventual delito de lavado de activos (ver infografía).

A su vez, este hecho haría más factible poder configurar una eventual asociación ilícita, delito que es reconocido por la dificultad en lograr su acreditación. La razón está en que si usualmente se trata de la existencia de una organización de sujetos, con medios y un fin criminal, en este caso el esquema podría parecer integrado por organizaciones estructuradas previamente, que después fueron utilizadas para cometer ilícitos, lo que aumenta la complejidad.

En este ámbito cobran mayor relevancia las llamadas “sociedades instrumentales” (no relacionadas societariamente con el controlador de SQM), catalogadas así por el regulador. Éstas eran usadas para realizar las transacciones y que además involucraban los mayores negocios.

Las operaciones cuestionadas

A fines de la semana pasada, la SVS resolvió levantar la reserva relativa a transacciones efectuadas con acciones de SQM-B realizadas “entre el 19 y 30 de diciembre de 2009, el 22 y 30 de marzo, y el 22 y 30 de abril de 2010, por parte de la filial directa e indirecta denominada Sociedad de inversiones Pampa Calichera”, transacciones que en conjunto le habrían generado utilidades por US$ 110 millones. En estas transacciones de compra y venta de Pampa Calichera, tuvieron como contraparte a Citigroup y Banchile.

Según el regulador, “en caso de confirmarse los cargos contra Julio Ponce, Roberto Guzmán Lyon, Patricio Contesse Fica y Aldo Motta, podrían requerir ser reversadas, pudiendo afectar los estados financieros de esa sociedad y los estados financieros consolidados de su matriz”.

Las ya reversadas

En mayo de 2012, la SVS instruyó a Norte Grande, Oro Blanco, Pampa Calichera y Potasios que reversaran US$ 235 millones en utilidades por una serie de operaciones de compra y venta de acciones de SQM-A que se consideraron en los resultados de una forma contraria a las normas IFRS. 
Dichas transacciones se efectuaron en marzo por Pampa Calichera y Global Mining, con Linzor Total Return Fund como contraparte, la que ese día vendió a Oro Blanco la misma cantidad de papeles.

El monto obtenido con la venta por Global Mining fue traspasado ese mismo día a Pampa Calichera, la que a su vez lo traspasó a Oro Blanco para que comprara las mismas acciones vendidas previamente. El organismo afirmó que esas transacciones entre partes relacionadas no debieron haber generado una revalorización en sus activos ni efectos en los resultados en las respectivas compañía.

Regulador formula cargos: A inicios de septiembre pasado la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) formuló cargos contra Julio Ponce, Roberto Guzmán, Patricio Contesse Fica y Aldo Motta. Además, identificó el rol de una serie de sociedades en el "esquema de operaciones".

SVS pide complementar información de prospectos: La SVS ordenó a Oro Blanco y Norte Grande incluir en sus prospectos de aumentos de capital los US$ 110 millones que se podrían reversar en caso de confirmarse los cargos contra de los cuatro ejecutivos.

Detener capitalización: Tanto AFP Habitat como Moneda Asset han solicitado a la Superintendencia que paralice los procesos de aumentos de capital de Oro Blanco y Norte Grande por US$ 120 millones y US$ 90 millones, respectivamente. La entidad liderada por Fernando Coloma aún no resuelve sobre el tema.

La defensa de los investigados por la SVS
Querella contra Coloma y que declare Piñera: La defensa de Julio Ponce presentó una querella acusando al titular de la SVS, junto a otros dos altos personeros, de los delitos de "prevaricación administrativa" y "abuso de particular". Además pidió citar a declarar al presidente Sebastián Piñera.

Querella por filtración: La defensa del empresario se querelló, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, contra quienes resulten reponsables por la filtración del expediente de la investigación.

Presentación a Contraloría: El equipo jurídico de Ponce acudió a la Contraloría cuestionando la legalidad el proceso investigativo que lleva la SVS. Argumentan que es el regulador el que tiene que demostrar el delito y fijar los hechos sobre los cuales se necesitaban pruebas. Esta semana, según indicó el Contralor, Ramiro Mendoza, se revisará la situación.