Renuncia de dos ministras japonesas sacude al primer ministro Shinzo Abe

La dimisión presentada hoy por las ministras niponas de Economía y Justicia, recientes apuestas personales del primer ministro Shinzo Abe, supone el golpe más duro hasta la fecha para su Gobierno y para su meta de potenciar el rol de la mujer en Japón.

La hasta ahora titular de Justicia, Midori Matsushima, y la de Economía, Comercio e Industria, Yuko Obuchi, presentaron sus cartas de renuncia con apenas unas horas de diferencia, duramente presionadas por la oposición por supuestamente haber violado la ley electoral nipona.

La primera de ellas distribuyó "uchiwa" (abanicos japoneses) en los que figuraban su imagen, su nombre y su cargo, a personas que asistieron a diferentes festivales celebrados en el distrito de Tokio al que representa como parlamentaria.

El reparto de bienes de cierto valor -donde se podrían incluir estos abanicos- a votantes de la propia circunscripción electoral está prohibido por la ley en Japón.

Por su parte, dos grupos de apoyo de Obuchi aparentemente financiaron visitas a Tokio de votantes de su demarcación electoral en la prefectura de Gunma (centro de Japón), algo que en los años 2010 y 2011 pudo suponer un coste de más de 26 millones de yenes (unos 190.000 euros).

Medios de comunicación locales también han atribuido a Obuchi haber malversado caudal público por valor de unos 3,6 millones de yenes (unos 26.300 euros) para comprar productos y contratar servicios de empresas de familiares.

"Quiero empezar de cero como política y recuperar la confianza de todos los ciudadanos. Les pido disculpas a todos ellos. Voy a analizar a fondo el supuesto uso de estos fondos", dijo la exresponsable de Economía en rueda de prensa tras presentar la dimisión.

Matsushima, por su parte, se disculpó también por perjudicar al actual Gobierno y defendió que los abanicos repartidos son productos de "usar y tirar" y que en realidad no violan la legalidad.

Ambas anunciaron además su decisión de conservar sus escaños mientras se aclara su situación.

Varios analistas locales han subrayado la nimiedad de los supuestos delitos a la hora de compararlos con los abusos de anteriores administraciones en Japón, aunque al mismo tiempo han destacado la torpeza con la que aparentemente se habrían ejecutado dichas irregularidades.

En cualquier caso, la renuncia de ambas supone el golpe más duro recibido hasta ahora por el Gabinete de Abe desde que éste accediera al poder en 2012.

Especialmente contundente resulta la dimisión de Obuchi, hija menor del ex primer ministro Keizo Obuchi y que a sus 40 años se había convertido en el nombramiento estrella de su remozado Gabinete al obtener un puesto desde el cual debía lograr la reapertura de centrales nucleares en el país tras el accidente de Fukushima.

Al margen de haberse convertido en la persona más joven en acceder a un cargo de ministro en Japón desde el final de la II Guerra Mundial, Obuchi era considerada por la mayoría de expertos como la mujer mejor posicionada para convertirse en la primera jefa de Gobierno de Japón en el futuro.

Su nombramiento y el de Matsushima, de 58 años, se anunciaron el pasado 3 de septiembre junto con los de otras tres ministras, lo que dejó en cinco el número de carteras en manos de mujeres, una cifra que no se veía en Japón desde hacía más de diez años.

La decisión, que pretendía servir para revitalizar a la actual administración después de una polémica reinterpretación de la Constitución pacifista del país y una criticada subida del IVA, responde al plan de Abe de aumentar la proporción de mujeres con cargos de responsabilidad hasta el 30 por ciento para el año 2020.

El primer ministro dijo sentirse personalmente "responsable de los nombramientos" de ambas ministras y se comprometió a nominar hoy mismo a sus sustitutos.

Las dimisiones de hoy llegan además en un momento en el que otros dos de sus últimos nombramientos femeninos encaran duras críticas.

Se trata de Sanae Takaichi y Eriko Yamatani, ministra de Interior y ministra encargada de resolver el secuestro de ciudadanos nipones por Corea del Norte, respectivamente, censuradas públicamente tras aparecer en fotos con el líder de un grupo racista de ultraderecha.