Cuando falta poco más de medio año para las próximas elecciones presidenciales y legislativas en abril de 2016, el gobierno del presidente Ollanta Humala se encuentra bajo una creciente presión de las protestas sociales, que habían estado en gran medida ausentes durante sus primeros cuatro años en el poder. Con su estrategia habitual de diálogo abierto para ganar espacio siendo cada vez menos eficaz, el gobierno se enfrenta a la perspectiva de una gran agitación social en los próximos meses.
Perú ha experimentado con frecuencia episodios de protestas sociales violentas y prolongadas, a menudo vinculadas a la explotación de recursos naturales clave, especialmente los hidrocarburos. El episodio más reciente de agitación fue 2009-2010, en el período de cierre del mandato del ex presidente Alan García (2006-2011). Durante este período, las protestas estallaron en todo el país contra varios proyectos de minería y extracción. Estas protestas atrajeron a grupos indígenas, comunidades locales y organizaciones no gubernamentales locales, y también ganaron el apoyo de algunos sindicatos regionales y nacionales, dando lugar a huelgas de solidaridad y protestas en áreas urbanas.
Estas protestas culminaron en junio de 2009, cuando violentos enfrentamientos tuvieron lugar cerca de Bagua, en la región de la Amazonía, donde aproximadamente 30 manifestantes murieron en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. A raíz de estas muertes, el gobierno de García derogó una polémica ley que permitía la urbanización en la región, y varios proyectos fueron postergados.
La estrategia de Humala
La frustración por la explotación de los recursos naturales fue uno de los principales impulsores de la victoria electoral de Humala en 2011, cuando se comprometió a aumentar la consulta local sobre proyectos y revisar varios ya planificados.
En la primera parte de su presidencia, Humala se movió rápidamente para cumplir con estos compromisos. Poco después de que asumiera el cargo, su gobierno promulgó la Ley de Consulta Previa, que especifica que la consulta con los grupos indígenas debe tener lugar antes de conceder la aprobación de proyectos. Esta legislación fue bienvenida por varios grupos de interés, entre ellos los de la región de Bagua.
Además, Humala lanzó varias rondas de discusión sobre los proyectos polémicos, como el proyecto de oro Minas Conga y el proyecto minero de cobre cerca de Cajamarca en el norte de Perú, el sitio de las principales protestas. Humala suspendió el proyecto poco después de asumir el cargo para permitir el diálogo entre la empresa que opera la mina, Newmont Mining (Estados Unidos), y las comunidades locales, con la participación del gobierno.
El objetivo de poner en marcha estos diálogos parece haber sido el de dar un respiro para que la tensión pudiera enfriarse, dejando espacio para la negociación. Esta estrategia pareció inicialmente exitosa, con las protestas cayendo bruscamente en los primeros años de la presidencia de Humala. Y las que sí tuvieron lugar, no ganaron adherencia nacional.
Nuevas protestas
A pesar de su éxito inicial, la estrategia de Humala resultó insostenible en el largo plazo, ya que sus objetivos de impulsar el crecimiento económico y atraer más inversión extranjera directa entraron en conflicto con la moratoria efectiva en nuevos proyectos mineros. El primer signo de este conflicto llegó a finales de 2012, cuando Humala reinició el proyecto Minas Conga, dando lugar a nuevas protestas y a una nueva suspensión del proyecto.
A lo largo de 2015 el ritmo de las protestas ha aumentado de nuevo ya que el gobierno ha tratado de reactivar la economía atrayendo nuevas inversiones. El foco de las protestas más recientes fue el proyecto de minería de cobre Tía María en el sur de Perú, cerca de la ciudad de Arequipa, operado por Southern Copper, filial de Grupo México. Las protestas comenzaron en marzo y alcanzaron su punto máximo en mayo, cuando un manifestante y un policía murieron en los enfrentamientos. Protestas relacionadas tuvieron lugar en toda la región, con los sindicatos también organizando huelgas en la propia Arequipa.
La respuesta de Humala fue autorizar un despliegue militar en la zona, con el objetivo de reducir los choques y prevenir los obstáculos. Se pensó una "pausa" en el proyecto para permitir el diálogo entre Southern Copper y los grupos de protesta, pero hasta ahora ha cosechado pocos beneficios, y el gobierno ya no es visto como un intermediario honesto en tales conversaciones.
Además, más disturbios en apoyo de los manifestantes de Tía María estallaron en Arequipa y tienen el potencial de propagarse a otras partes del país, donde hay descontento latente en relación con los proyectos mineros, como en Cajamarca y Amazonas. Otras protestas tuvieron lugar en Cajamarca contra la legislación penal recientemente aprobada, y las manifestaciones en el norte de Lambayeque han continuado desde hace varios meses por la gestión de una empresa azucarera local.
Turbulencias a futuro
La creciente frecuencia de protestas indica que el período de calma relativa que Perú disfrutó entre 2011 y 2014 ha terminado. En parte, esto se debe a que Humala ha estado más firmemente en el lado del lobby pro-inversión, lo que desató las protestas de los grupos anti-desarrollo que le dieron apoyo parcial en 2011. Éste es uno de los factores detrás de la fuerte caída en su índice de aprobación popular, que bajó a un mínimo de 10% en julio, según una encuesta realizada por GFK.
Además, Humala es visto cada vez más como un presidente saliente, con su falta de mayoría en el Congreso haciéndole vulnerable a la presión de los grupos sociales en el período previo a las elecciones. No es posible introducir una nueva legislación para hacer frente a las protestas, su política es ahora esencialmente reactiva, como lo demuestra el uso de la intervención militar para sofocar los conflictos. Como resultado, los manifestantes podrían ver los próximos meses como una oportunidad para obtener concesiones del gobierno saliente, así como para buscar las promesas electorales de los distintos candidatos presidenciales. Ante este escenario, es probable que las protestas aumenten antes de las elecciones de abril, trayendo con ellas la posibilidad de enfrentamientos más mortales y la movilización a nivel nacional.
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