En medio de un panorama económico y político agitado, 2016 está llamado a ser un año de transformación para Chile: tanto a través de los esfuerzos de reforma por parte de la presidenta, Michelle Bachelet, como por los escándalos en curso y a nuevas crisis. Las crecientes acusaciones de malas conductas financieras en el corazón de La Moneda dañarán aún más la popularidad de Bachelet, y las divisiones al interior de la coalición de gobierno Nueva Mayoría (NM) crecerán. La implementación de profundas reformas en la educación, el Código Laboral y la Constitución provocará resistencia y surgirán firmes candidatos para las elecciones presidenciales de 2017.
La economía tendrá dificultades para llegar a la mitad superior del rango de crecimiento de entre 2% y 3% proyectado para 2016 por el Banco Central de Chile (BCCh) en el último Informe de Política Monetaria (IPoM) de 2015: los precios del cobre, el principal producto de exportación de Chile, probablemente seguirán cayendo a un nivel de
US$ 2,3 la libra. A medida que el auge del cobre llega a su fin, la caída del empleo, la producción y la inversión en el sector minero podría, sin embargo, redirigir los recursos hacia otros sectores, algo que Bachelet ha sugerido al calificar a 2016 como “el año de la productividad”. El gobierno y el sector privado tendrán que actuar de manera coordinada para que el alejamiento de las industrias extractivas sea completado con un daño mínimo.
Reorientación de la economía
Un golpeado sector minero acaparará los titulares durante todo el año, con los precios mundiales con pocas probabilidades de recuperarse hasta 2017. Sin embargo, otros sectores de la economía, como los servicios básicos, muestran potencial de crecimiento para el nuevo año. Datos del BCCh del último trimestre de 2015 muestran un crecimiento robusto, y empresas extranjeras han mostrado interés en invertir en proyectos de energía en Chile en 2016. Aunque estas iniciativas tendrán que equilibrarse con las preocupaciones ambientales, la administración de Bachelet parece estar lista para hacer frente a las propuestas que se han ido acumulando a nivel ministerial. La depreciación del tipo de cambio real efectivo (de un estimado de 1,5% en 2015 y que se prevé que aumente a 2,6% en 2016) impulsará la competitividad del sector manufacturero en desarrollo, aunque una menor inflación anual, que se espera que caiga a 3,7% en respuesta al endurecimiento monetario gradual del BCCh, ejercerá un límite en la tasa de depreciación.
Una moneda ligeramente más débil apoyará a los servicios en general, que están a punto de empujar al alza las cifras de crecimiento. El gobierno espera que el turismo aumente 12% durante la temporada de verano, mientras que más chilenos pasarían sus vacaciones en el país. La implementación de las reformas educativas en 2016 señala la intención política de alejarse de los commodities hacia una economía especializada, basada en los servicios. Una reforma laboral actualmente en el Senado reduciría la capacidad de las empresas para sustituir a los trabajadores en huelga, e impedirá que los trabajadores negocien con los empleadores si no son miembros de un sindicato habilitado. Aunque la reforma tiene detractores entre los trabajadores y los empleadores, el gobierno de Bachelet la defenderá en su intento por impulsar los derechos de los trabajadores y, por tanto, el fortalecimiento de la base estructural de la economía.
Escándalo en La Moneda
Distrayendo la atención del gobierno del tema de la reforma habrá múltiples escándalos, en particular uno que implica un préstamo de
US$ 10 millones adjudicado a Caval, una empresa propiedad de Natalia Compagnon, la nuera de Bachelet, que condujo a la renuncia de Sebastián Dávalos, el hijo de la mandataria, a una posición de menor importancia en La Moneda. A raíz de las investigaciones preliminares sobre el caso Caval en 2015, el Servicio de Impuestos Internos pidió a principios de este año que los fiscales investigaran a Compagnon por evasión de impuestos. Mientras tanto, se supo que Cristián Riquelme, el administrador jefe de La Moneda, recibió un préstamo no declarado de 32,5 millones de pesos (US$ 45.000) de un destacado financista para ayudar a financiar la campaña de Bachelet en 2014; tanto legisladores de la oposición como del gobierno han pedido su dimisión.
Las crecientes sospechas de irregularidades probablemente dañen los índices de aprobación de Bachelet aún más, que cayeron de nuevo en 2 puntos a 24% en diciembre, según Adimark, una firma encuestadora local. Si alguna de las múltiples personas que deben ser interrogadas por el caso Caval y sus derivados declarara que Bachelet sabía o fue responsable de las prácticas ilícitas, esto probablemente desencadenaría su renuncia. Si esta tiene lugar antes del 11 de marzo (dos años antes del final de su presidencia), se convocaría a nuevas elecciones. Pero si esto ocurre después de esa fecha, el Congreso quedaría a cargo de designar a un sucesor interino hasta las elecciones de 2017. A pesar de que este escenario no forma parte de nuestro pronóstico -ningún presidente ha dimitido desde el retorno a la democracia-, se espera que aumenten los riesgos a la gobernabilidad.
Cambio de panorama político
Otro riesgo a la gobernabilidad es que las divisiones dentro de la NM lleven a la fragmentación de la coalición electoral, que fue creada formalmente en 2013 en la línea de centro-izquierda de la Concertación de Partidos por la Democracia (1988-2013). Los miembros del centrista Partido Demócrata Cristiano (DC), que representan aproximadamente un tercio de la presencia parlamentaria de la NM, han criticado regularmente e incluso bloqueado elementos del programa de reforma de Bachelet. Las tensiones se intensificaron a finales de diciembre, después de que Bachelet visitara la región de la Araucanía, donde se encuentra un conflicto de baja escala con activistas indígenas mapuches, sin informar al ministro del Interior, Jorge Burgos, diputado DC. La crisis inmediata parece haber sido desactivada, pero es probable que se repitan los desencuentros.
Sin embargo, seguramente 2016 marcará el comienzo de un recalibramiento a mediano plazo de las fuerzas políticas. Enero será testigo de la denominación formal de una nueva agrupación liberal-centrista compuesta por los partidos Amplitud, Red Liberal y Ciudadanos, cuyos líderes han llamado a la DC a unirse. Es probable que este bloque tenga buen desempeño en las elecciones municipales de octubre, aprovechando el desencanto público con las dos grandes coaliciones. Su mayor prominencia podría anunciar un retorno a la llamada división de los “tres tercios” de bloques políticos (derecha, centro e izquierda) que caracterizaron la política chilena antes de 1973. Mientras tanto, la implementación en 2016 de un programa nacional de educación cívica con miras a la reforma constitucional también habla del comienzo de cambios a largo plazo.
Un año doloroso para el gobierno de Bachelet traerá cambios cuyo impacto se extenderá más allá de 2016. Un indicio de esto vendrá hacia el fin de año, a medida que surjan los principales candidatos para las elecciones presidenciales de 2017: un activista anti corrupción, un centrista insurgente o un recién llegado político seguramente hará frente a los ex presidentes y parlamentarios veteranos.
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