TDLC rechaza demanda de taxistas contra Uber, Cabify e Easy Taxi por conductas abusivas
Tras más de 4 años de juicio, el tribunal negó las acciones interpuestas por el Sindicato de Trabajadores Independientes Chile Taxis y un grupo de 150 taxistas en contra de las aplicaciones tecnológicas de transportes.
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Un duro revés sufrieron los taxistas en su guerra contra las aplicaciones de transportes. Y es que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) rechazó con costas las demandas por abuso de posición dominante y competencia desleal interpuestas en contra de Cabify, Easy Taxi y Uber.
Todo comenzó hace cuatro años cuando el Sindicato de Trabajadores Independientes Chile Taxis y un grupo de 150 taxistas demandó a estas empresas, acusándolas de conductas abusivas y desleales en el mercado del transporte, pidiendo que el organismo antimonoplios prohibiera su funcionamiento en el país.
Sin embargo, el TDLC desestimó estas alegaciones: "respecto de la imputación del Sindicato de Taxis de abuso de posición dominante, como en el caso de las otras demandas, concuerda que tampoco el demandante acreditó ni acompañó antecedentes que permitieran corroborar que las demandadas tengan una posición dominante de la cual hubieren podido abusar bajo las distintas definiciones de mercado relevante propuestas, o que tengan una razonable expectativa de alcanzarla".
Además, el tribunal descartó que las empresas tecnológicas se hayan aprovechado de la reputación de los taxis o que hayan incurrido en precios predatorios. También desestimó que las aplicaciones hayan infringido las normas del transporte, ya que estas empresas carecen de regulación sectorial, y que tampoco se había vulnerado la normativa laborales y tributarias.
Detalles del caso
Uno de los temas centrales del caso fue la falta de regulación de las empresas tipo Uber, donde los taxistas alegaban que las demandadas afectarían el mercado relevante porque no seguirían la fijación de precios vigentes, estableciendo sus esquemas de pago en función a factores como distancia recorrida o duración del viaje.
Sin embargo, Cabify se defendió esgrimiendo que ceñirse en los Decretos N° 80, de 2004, aplicable al transporte privado, y al N° 212, de 1992, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), vigente para el transporte público o privado de pasajeros, se encuentran desactualizados en relación con las nuevas tecnologías.
En esa misma línea, las tres empresas explicaron que actualmente en el Congreso se están tramitando varios proyectos de ley para regularizar al sector.
"La falta de regulación no puede ser interpretada como una ilegalidad. Por el contrario, Uber desarrolla su actividad al alero de la Constitución de la República", fue el argumento de la empresa de capitales estadounidense.
Los demandados Cabify y Easy Taxi fueron representados en el juicio por los abogados Julio Pellegrini, Pedro Rencoret y María Jesús Cifuentes, del estudio Pellegrini & Rencoret, mientras que Uber contó con la defensa de Carolina Bawlitza y Macarena Iturra, de DLA Piper. Los taxistas, por su parte, fueron representados por el estudio Logan Abogados y por Eric Weinborn.
El TDLC condenó a los demandantes a pagar las costas del juicio, por haberse rechazado la demanda íntegramente. Lo que viene es la fijación de las mismas por parte del tribunal.