Los detalles del extenso documento que presentó Essal para evitar fin de su concesión en Osorno

El casi inédito proceso para caducar la concesión de la sanitaria Essal en Osorno se visualiza desde ya como un duro enfrentamiento con la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Este martes, la firma ligada a Aguas Andinas presentó dos documentos -que suman 100 páginas- para defenderse tanto de la solicitud de caducidad, así como de las multas por el corte de suministro de agua potable por cerca de diez días en julio y que abrió un fuerte cuestionamiento a la industria completa.

“Essal no ha incurrido en incumplimientos graves y reiterados que ameritan la imposición de esta sanción terminal, menos cuando, en razón de los mismos hechos, se persigue en un procedimiento paralelo la imposición de otras sanciones. Con ello se han cometido serias transgresiones a los principios fundamentales del derecho sancionatorio de la Administración”, dice de entrada el primero de los textos legales, que detalla por qué a su juicio el caducar la concesión no tiene sustento.

Tal como había dicho en un comunicado, en el documento que tuvo acceso Diario Financiero la empresa dice que ante la emergencia generada la noche del 10 y madrugada del 11 de julio, reaccionaron adoptando “las medidas adecuadas y únicamente factibles”.

A su juicio la autoridad desde el momento de la fiscalización otorga un valor de gravedad a los hechos que solo debía constatar, lo que demostraría un cierto objetivo para apuntar a aplicar las sanciones más duras, independiente del mérito.

Esto, porque -explica- la caducidad se debe definir en base condiciones de una empresa prestadas en el tiempo y no un episodio único y aislado, y además la capacidad económica para continuar prestando el servicio. “Estas exigencias no se han cumplido en este caso”, dijeron.

“Essal demostrará en esta causa que está en condiciones técnicas, financieras y profesionales para sostener con plena viabilidad la operación de todas las concesiones de las que es titular”, agregó destacando el plan de inversiones por $ 155 mil millones para los próximos años, que es superior a lo que establecen los planes de desarrollo.

Doble procedimiento y rol del superintendente

La empresa cuestionó que existan dos procesos sancionatorios -uno por multas y otro por caducidad-, y dijo que se debía escoger uno de ellos, ya que no se puede sancionar dos veces por un mismo hecho.

Además, aprovechó de establecer su interpretación de cuál sería la concesión que se caducaría, ya que Essal tiene varias en la región y para distintos tipos de servicios. Así, dice que aunque el procedimiento no especifica cuál es la concesión impactada, se entiende que se refiere únicamente a la de producción de agua potable en Osorno.

“Cualquier afectación diferente a la pretensión antes concluida y que pretenda abarcar o extenderse a otras concesiones de Essal, en otras ciudades de la Región de Los Lagos o en otra región, constituye una pretensión exorbitante desapegada de la ley de los antecedentes de este proceso, configurando un agravio procesal y patrimonial a mi representada”, establece.

Otro punto relevante es que apunta directamente a los dichos del superintendente de Servicios Sanitarios (S), Jorge Rivas, citando varias declaraciones a la prensa que pronunció durante la emergencia, donde daba cuenta que se aplicarían las mayores sanciones que se pudieran.

Agregó que además la fiscalización no fue imparcial, por cuanto la persona a cargo del procedimiento de caducidad, fue la misma que en todo minuto acompañó el restablecimiento del servicio.

“La SISS pretende configurar artificiosamente el tipo infraccional de caducidad -pues en el caso concreto no existe reiteración (reincidencia) de la conducta- lo que a su vez vicia la motivación de los actos administrativos”, dijo.

Próximos pasos

Con la entrega de estos documentos, el superintendente Rivas deberá evaluar las sanciones y, en el caso de la caducidad, emitir un informe técnico con recomendaciones al Presidente de la República, quien tiene la última palabra al respecto.

De concretarse la medida más extrema, la empresa podría abrir un proceso ante la justicia civil, aunque es posible que los efectos de la caducidad se ejecuten desde el instante en que se decrete, salvo que el juez de letras que lleve el caso diga lo contrario.