Gobierno decreta baja de tarifas de Aguas Andinas y activará obras para subir la seguridad hídrica a 48 horas
Para ampliar sus tiempos de autonomía operativa, la sanitaria incorporará estanques, acueductos y pozos adicionales que impactarán entre dos y tres puntos porcentuales la tarifa en el futuro.
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Tras un proceso que comenzó en noviembre de 2018, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, y el superintendente de Servicios Sanitarios (S), Jorge Rivas, anunciaron ayer la fijación tarifaria para la principal empresa sanitaria del país, Aguas Andinas, ligada al grupo Suez.
El secretario de Estado informó que las tarifas para el período 2020-2025 tendrán una baja de 1% real, es decir, si una cuenta de luz promedio mensual sale $15.000, la baja será de $ 150. Esta nueva cifra comenzará a regir el 1° de marzo del próximo año.
Por su parte, Aguas Andinas informó a la Comisión para el Mercado Financiero que la baja que aplicarán como compañía es de 3%, dado que el Costo Total de Largo Plazo Neto (indicador que la base para determinar las tarifas) se sitúa en $ 397.058 millones.
Esta diferencia entre reajustes se explica porque ocurren dos procesos simultáneamente. "Por un lado, la tarifa base -los servicios que hoy se están prestando- baja un 3%, pero al mismo tiempo se van a activar tarifas por obras adicionales que nos van a dar más seguridad hídrica y cumplir estándares medioambientales, que implican un alza de 2%", explicó Rivas en conferencia de prensa.
Esas obras adicionales corresponden mayoritariamente a los estanques de Pirque, que actualmente poseen más de un 90% de avance y que se prevé estarán operativas a contar de enero de 2020. Este proyecto almacenará 1.500 millones de litros de agua permitirán incrementar la autonomía hídrica de 11 horas a 34 horas. A esto se suma el tratamiento de aguas en La Farfana.
Según se estableció en el proceso tarifario, la seguridad hídrica debe alcanzar las 48 horas. Para esto, Aguas Andinas tendrá que hacer un nuevo conjunto de obras entre las que se cuentan estanques adicionales, interconexiones de acueductos a la cordillera, sondajes y pozos subterráneos. Esto aumentará la tarifa en niveles que Rivas calcula entre dos y tres puntos porcentuales.
"Dentro de los próximos años se irán incorporando nuevas obras de seguridad, que se van a ir comiendo ese -1% y que probablemente lo superen, dada la magnitud de éstas", señaló Rivas sobre la información que la SISS dará a conocer en detalle dentro de los próximos días.
Respecto a la sequía y el cambio climático, la empresa comprometió nuevas obras como reutilizar tres metros cúbicos por segundo de aguas servidas, la ampliación de la planta de La Florida e inversiones para reducir las pérdidas de la red.
La sanitaria indicó a la CMF que no es posible determinar con exactitud la magnitud del impacto que tendrá este nuevo esquema tarifario que comienza a regir en marzo de 2020 en sus resultados.
El caso de Aguas Chañar
Aguas Andinas es el séptimo proceso tarifario que se ha negociado en el año, ámbito en el cual Moreno destacó la baja en las sanitarias Aguas Décima (-2,5%), Aguas de Colina (-5%) y Aguas del Centro (-8,2%).
Un proceso tarifario que no ha podido ver la luz -pese a que comenzó antes de que el de Aguas Andinas- es el de Aguas Chañar, empresa que abastece a la Región de Atacama. Esta fue adquirida por la japonesa Marubeni y el fondo de inversión Toesca en abril del año pasado en lo que se consideró una gran apuesta, dada la mala evaluación de su servicio.
Por esto, ha trascendido que el aumento de costos para mejorar la calidad del servicio podría alcanzar los dos dígitos, cuestión que el superintendente confirmó. "Actualmente hay un decreto en curso y cuando este tome razón, podremos salir a comunicar los números exactos. Pero puedo anticipar que establece que se mantienen las tarifas básicamente -baja menor al 1%- y contempla la planta desaladora que permitirá dar seguridad y calidad permanente a toda la región a contar de 2020".
Los costos de la construcción de la desaladora Atacama -que posee más de un 70% de avance- ha sido amortiguada por el Estado pues lo paga a su integridad, pero de todas maneras se prevé que el impacto sea cercano a un 15%.