Gobierno ingresa reforma al Código de Aguas que incluye la caducidad de derechos por no uso
El ejecutivo envió una serie de indicaciones sustitutivas que reforman la normativa, vigente desde 2005, varias semanas después del plazo que había comprometido.
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A las 10.55 de ayer, varias semanas después del plazo que había comprometido, el gobierno ingresó al Congreso las indicaciones sustitutivas para reformar el Código de Aguas. Durante la tarde, el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, compareció ante la comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados donde comentó los principales cambios propuestos por el Ejecutivo y que apuntan a dar a este recurso la connotación de bien nacional de uso público.
El primero es que se declara que las aguas son de interés público. Además, se fija una vigencia de 30 años para estos aprovechamientos, sean de tipo consuntivo (que se toman y no se devuelven) y no consuntivo. Este plazo podrá extenderse siempre y cuando estén en uso. En el caso de los derechos no consuntivos, es decir, aquellos en que el recurso es devuelto tras su utilización, como sucede con la generación hidroeléctrica se plantea que su extensión mínima sea de 20 años.
Las indicaciones también hacen referencia a la caducidad de los nuevos derechos que sean otorgados posterior a la reforma. En el caso de aquellos consuntivos dicho plazo se extenderá cuatro años, mientras que para aquellos no consuntivos, la propuesta considera la caducidad al transcurrir ocho años de no uso. Undurraga precisó que la extinción de los derechos de aprovechamiento también regirá para aquellos que están vigentes y se producirá si en un plazo de 12 años los derechos consuntivos no han sido utilizados, mientras que serán 14 años en la categoría de no consuntivos.
En todo caso, explicó el titular de Obras Públicas, estos plazos de la caducidad se suspenderían frente a la existencia de solicitudes administrativas pendientes, ello "para no imputar al titular por demoras del Estado". Otro aspecto es el establecimiento de una licencia para agua potable rural, por hasta 12 litros por segundo, que da prioridad a este uso en caso de necesidad específica en una determinada zona o bien priorizando el consumo humano.
Suben las patentes
El Ejecutivo busca incluir en esta reforma la prohibición para construir derechos de agua en glaciares. A ello se suma la imposibilidad de solicitar estos aprovechamientos en parques nacionales y otros similares. Undurraga confirmó que hay partes de estas indicaciones que están en consulta indígena.
En lo que respecta a las patentes por no uso de derechos, que fue establecido en el Código de Aguas, que tras más de una década de tramitación rige desde 2005, la propuesta del gobierno es aumentar dicho pago, a partir del año 12. Así, se plantea que entre el año 11 y el 12 de no uso este canon se multiplicará por cuatro, mientras que entre el decimotercer y decimocuarto ejercicio el alza será de ocho veces, mientras que al término de este último año, el derecho caducará. Esto se aplicará, dijo el secretario de Estado, a los derechos ya otorgados.
En la comisión hubo sorpresa en torno a las indicaciones porque esperaban la inclusión de algunos puntos adicionales, mientras que lo ingresado, expresaron, es un proyecto completamente nuevo que no respeta acuerdos alcanzados en esta instancia. Entre ellos está el tratamiento de conceptos como el "caudal del minero" y caudal ecológico.
Fortalecimiento de DGA
Las indicaciones proponen que la Dirección General de Aguas (DGA) podrá pedir de oficio una reducción temporal de los derechos de agua en favor del consumo humano. También se establece que en caso de fracasar el primer remate por no pago de patente, los derechos volverán al Estado y no se realizará una segunda subasta, como está fijado actualmente.
Otra obligación que asumirá el titular es la inscripción de los derechos ya otorgados en un plazo de seis meses desde aprobada la reforma, de lo contrario, éstos volverán al Estado. En lo que respecta al informe económico de la iniciativa, el ministro dijo que no representará costos adicionales para el fisco, porque las nuevas facultades de la DGA son principalmente de carácter jurídico. Undurraga se refirió a la reforma Constitucional del agua, diciendo que aunque está la decisión de llevarla a cabo "no hemos decidido respecto del cuándo ni el camino que seguirán".