DGAC frena relicitación de aeropuerto AMB por disputa en modelo de negocios


Para el 30 de diciembre Obras Públicas pensaba lanzar la relicitación del Aeropuerto Arturo Merino Benítez (AMB). Sin embargo, el plazo podría no cumplirse, producto de que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) no ha entregado el mandato para el concurso público, paralizando el mismo.

Y es que el proceso de licitación del aeropuerto parte por un mandato de la DGAC, encargada de los recintos aeroportuarios, al MOP para que llame al concurso público. Sin embargo, la entidad no ha entregado la orden, por no estar de acuerdo con el modelo de negocios propuesto por el MOP, pues éste afectaría su principal fuente de ingresos, según cuentan cercanos al proceso.

En el nuevo modelo, replicando a los aeropuertos internacionales, el operador del terminal recolecta todos los ingresos, incluida la tasa de embarque. En este punto está en desacuerdo de la DGAC, quien hasta ahora recolectaba dichos cobros .

Según un oficio enviado la semana pasada por la DGAC a la Coordinación de Concesiones, la entidad “no concuerda con el nuevo modelo considerado en el proyecto de bases de licitación”. Entre los argumentos que entrega, señala que éstas no se ajustan a derecho “al determinar que el concesionario reciba la totalidad de los derechos de embarque”, y propone mantener el estatus actual.

En tanto, en la Coordinación de Concesiones, que ha llevado las conversaciones con la DGAC, encargaron dos informes en derecho para sostener su punto.




El punto en disputa


Según las nuevas bases de licitación, quien pida quedarse con el menor porcentaje de ingreso se adjudicará el terminal, traspasando el resto al Fisco. Respecto de lo recaudado con la tasa de embarque, ya no irá un 100% de la DGAC como es hoy, sino que pasará a manos del Estado, quien a través de la Dirección de Presupuestos le asignará los fondos, tal cual como ocurre con toda otra repartición pública, siendo ellos la única excepción actualmente.

Además, un porcentaje se irá para financiar las obras de ampliación del aeropuerto, tal como ocurre con otros terminales del país. En el gobierno señalan que esto evita que el Fisco deba entregar subsidios para el terminal.

Otro punto en el que no está de acuerdo la DGAC es el plazo de concesión, de 20 años, pidiendo que sea menos. A eso se suma que no están de acuerdo con la cláusula incluida en las bases que permite gatillar obras nuevas en caso de mayor crecimiento del tráfico de pasajeros.

Así las cosas, en el MOP estarían dispuestos a reducir el porcentaje que se destine al financiamiento de las obras e incluso eliminar el “gatillo” de las bases; sin embargo, la DGAC hasta ahora no transaría.

Por lo mismo, dicen en el gobierno, ante el bloqueo que está sufriendo la licitación del terminal, es probable que el presidente Sebastián Piñera deba entrar a mediar.

La DGAC es un servicio público que se relaciona con el Estado a través del Ministerio de Defensa. Dentro de sus labores, dirige y administra los aeropuertos y aeródromos públicos y de los servicios de la navegación aérea. En los aeropuertos concesionados, la DGAC no tiene injerencia en la gestión de explotación y administración de los edificios terminales de pasajeros, como es el caso del terminal de Santiago.
El organismo tiene un presupuesto de gasto anual fijado por el Estado que ronda los US$ 250 millones. Estos recursos no son asignados directamente, sino que son autofinanciados por la institución a lo largo del año por conceptos de ingresos operacionales. Éstos son percibidos en un 93% por los ítems de derecho y tasas de embarque que paga cada pasajero (ver gráfico).
Con todo, los ingresos de la DGAC en el último tiempo han sobrepasado la cuota que le asigna el Estado para sus gastos, y actualmente tienen en caja un diferencial de unos US$ 58 millones. "Todo queda para ser reinvertido en aeronáutica, como en equipamiento o radares, en base a lo que tenemos proyectado en nuestro plan de inversiones", revela Leonardo Montiel, director de finanzas de la institución. Sin embargo, Montiel acota que tienen un déficit de inversiones de unos
US$ 68 millones, por lo que tienen en este concepto un déficit de
US$ 10 millones. "Todo lo que no hemos podido hacer porque no hemos tenido autorización presupuestaria, versus lo que tenemos disponible en caja, hace que tengamos este déficit", indica.