Declara testigo clave en caso farmacias y defensas concretan estrategias

La segunda jornada del juicio a los ejecutivos involucrados en el denominado caso farmacias tuvo a su primer testigo, el ex ejecutivo de Farmacias Ahumada (Fasa), Jaime Trewik Burle, que fue llamado a declarar por el fiscal Jaime Retamal, antes de lo estimado.

Quien fuera gerente de proyectos de la cadena entre noviembre 2007 y diciembre 2008, es considerado un elemento clave del caso ya que durante ese periodo "se pudo observar que (los precios, que él estudiaba con boletas) aumentaron respecto de lo que se hacía", dijo Retamal.

Para sustentar esta afirmación, la fiscalía, de la mano del ex ejecutivo, que antes de ese cargo, fue subgerente de planificación de farmacias Ahumada (Fasa), donde trabajó desde 2001, se basó en el documento Excel que éste elaboró a fines de 2008 a petición del fiscal de farmacias Ahumada, Sergio Mecías, para el requerimiento del TDLC.

El informe detalla los movimientos de precios de medicamentos en Fasa, Salcobrand y Cruz Verde en ese periodo. Así, la fiscalía quiso probar que se concretaron 298 alzas de precios; de las cuales Salcobrand inició 200, a las que siguieron aumentos en otras farmacias como máximo cinco días después. Además, algunas de estas subidas fueron impulsadas por más de dos cadenas en el mismo día y otras se repitieron en tres ocasiones.

Importancia del testigo
Durante el periodo de la colusión, el área en la que se desempeñaba Trewik "recibía instrucciones de cambios de precios por parte del área comercial, ya sea de los category manager, o de los subgerentes comerciales", dijo el ex empleado de Fasa.

En ese lapso, destacó, también se llevaron a cabo encuestas especiales, sobre los precios que mantenían los competidores, que se incrementaron sustancialmente con respecto a periodos anteriores. Este medio probatorio "resulta, sin duda, valioso, porque da cuenta de la forma en que se fueron estructurando las alzas de precios con información exacta", dijo Retamal.

Defensa: nuevas estrategias
Los abogados de cada uno de los acusados estructuraron su defensa en puntos diferentes. En el caso de Salcobrand, descargaron contra la fiscalía por considerar que no hay pruebas para fundamentar cuál era el precio inicial antes de las alzas de los medicamentos.

En el caso de Farmacias Ahumada (Fasa) instaron que "si la consecuencia de confesar sus atentados -por la delación compensada- va a seguir con la persecución, esa legislación se transformará en letra muerta".

En tanto, los abogados de Cristián Catalán y Ricardo Valdivia (Cruz Verde), argumentaron que estos ejecutivos no poseían ninguna facultad para fijar precios ya que se trata de cargos medios y que, en el primer caso, la política de precios ya existía antes de que fuera empleado en la firma.