Caso farmacias: $ 255 millones a organizaciones benéficas cierran arista penal

Dos son las caras que grafican el desenlace en el llamado Caso Farmacias: mientras el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) multó a Salcobrand y Cruz Verde por cerca de US$ 40 millones -el monto más alto de la historia de Chile en un caso de colusión de precios-, ayer los diez imputados aceptaron el ofrecimiento del Ministerio Público de suspender condicionalmente el proceso.

Las condiciones que deberán cumplir son el pago a modo de indemnización de un total de $ 255 millones en beneficio de organizaciones como Cruz Roja, Coaniquem, el Instituto Nacional del Cáncer y la Liga Chilena Contra la Epilepsia, además de asistir y aprobar un curso de ética empresarial, buenas prácticas de gobierno corporativo o responsabilidad social de la empresa, entre otras medidas.

La razón que fundamenta la diferencia entre ambos desenlaces se encuentra en la ley: en el peor de los casos, los imputados arriesgaban 21 días de prisión y no se contemplan pagos indemnizatorios.

A esto se suma, además, que ninguno de lo querellantes abrió un proceso civil en el caso, al no ser una persona individual la afectada, sino toda la comunidad.

Incluso, según explicó José Morales, fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, en 2003, cuando se modificó la legislación de libre competencia en Chile, hubo una intención del Ejecutivo en torno a eliminar la sanción penal en los delitos de libre competencia, cosa que al final no sucedió. “En el proceso penal se persigue la responsabilidad individual de las personas, no de las farmacias, porque en el país no existe la responsabilidad penal de las empresas jurídicas para este tipo de delitos”, afirmó, agregando que al considerar estos antecedentes, se llegó a la conclusión de que era mejor llegar al acuerdo de suspensión condicional, que sí llevaba aparejada una indemnización a instituciones de beneficencia.

Las condiciones


El juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Cristián Sánchez, aprobó el acuerdo propuesto por la fiscalía, que contempla, además de las condiciones ya mencionadas, contribuir a que las empresas farmacéuticas para las cuales trabajaban a la fecha de los hechos materia de la acusación a que elaboren e implementen un “Programa de cumplimiento de la normativa de la libre competencia”, a lo que se suma elaborar e implementar un modelo de prevención de delitos sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Los diez imputados en el caso son Sergio Purcell y Ricardo Ewertz, de Fasa; Ricardo Valdivia y Cristián Catalán, de Cruz Verde, y Roberto Belloni, Ramón Avila, Claudia Carmona, Judith Carreño y Mehilin Velásquez, de Salcobrand y el gerente general de Laboratorio Medipharm, Mario Zemelman.

La investigación penal comenzó en 2009, y ese mismo año Farmacias Ahumada se desvinculó del caso a través de “delación compensada” recibiendo una multa de 
US$ 1 millón.