Cascadas: la estrategia de la SVS de adelantar intervención del CDE y evitar caducidad de operaciones

El ingreso del Consejo de Defensa del Estado (CDE) al desarrollo del Caso Cascadas cambió, radicalmente, el escenario en el que se estaba desarrollando este proceso.

La razón está en que, si en un primer momento fue considerado un triunfo el hecho de que la Corte de Apelaciones acogiera el recurso de no innovar, presentado por Roberto Guzmán Lyon -lo que se traducía en un retraso en el procedimiento administrativo y el riesgo de que operaciones investigadas por la SVS pudieran caducar-, lo cierto es que, al menos en esta jugada, fue el regulador el que salió victorioso.

Según trascendió, los procesos ya comenzaron a operar, y la superintendencia ya hizo la petición formal ante el CDE, presidido por Juan Ignacio Piña Rochefort, y la entidad aceptó la solicitud.

De esta forma, explicaron abogados de la plaza, la señal que se envió desde el organismo encabezado por Carlos Pavez, es que con la intervención del CDE, éste pasa a ser considerado un asunto institucional, por lo que no se puede seguir postergando.

Así, la estrategia dilatoria que eventualmente estarían aplicando algunos abogados de la defensa de los formulados de cargos por el denominado esquema (Julio Ponce Lerou, Aldo Motta, Roberto Guzmán Lyon, Patricio Conte, Leonidas Vial, LarrainVial, Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz Amenábar) ya no sería del todo efectiva.

Además, quien eventualmente represente a la SVS por parte del organismo defensor es considerado un “peso pesado”: Carlos Mackenney Urzúa, quien antes fuera presidente del CDE, y quien, además, representó anteriormente al regulador en el caso La Polar.

Otro profesional conocedor 
del caso señaló que, además, así se logra alejar el fantasma de un “triunfo fuera por secretaría” que podría implicar la caducidad de las operaciones investigadas entre 2009 y 2011.


La estrategia


Ahora la SVS tiene ambos flancos (el administrativo y el judicial) completamente cubiertos. Esto porque el CDE se ocupará de defender el caso del reclamo de ilegalidad de Guzmán ante la corte; mientras que el regulador va a poder seguir instruyendo el procedimiento sancionador. “Si el resto de los formulados de cargos decidan ir a la Corte de Apelaciones, con la misma estrategia que Guzmán, la SVS ya se anticipó con la intervención del Consejo, porque lo que se espera es que varios de ellos vayan a tratar de suspender el procedimiento en la corte o ante otros organismos, como la Contraloría General de la República, por ejemplo.

Debido proceso


El hecho de que la corte acogiera la orden de no innovar fuera traducido como una victoria para los formulados de cargos se debía a que, según argumentaron abogados relacionados a la defensa, la “suspensión temporal” del proceso administrativo aplicaría para todos los involucrados en la arista del esquema. El argumento: respetar el debido proceso, hecho por el cual el ex superintendente Fernando Coloma decidió suspender el proceso, para que todos tuvieran el tiempo necesario para elaborar sus estrategias de defensa.

Sin embargo, la SVS determinó que todos los procesos eran independientes.

Según comentaron abogados 
especializados, la suspensión efectuada por Coloma a principios de febrero obedeció al interés de que todos los formulados llegaran a esta etapa en condiciones similares, asumiendo que la fase de discusión de los primeros, les podía ser útil a los que les había formulado cargos segundos


LA CADUCIDAD SEGÚN LA LEY

Los requerimientos de la defensa de Julio Ponce y Roberto Guzmán a los tribunales sobre algunas decisiones tomadas por el regulador en relación al procedimiento sancionatorio, podrían implicar que varias de las operaciones cuestionadas por la SVS quedaran fuera del análisis para una eventual sanción. Esto, porque el artículo 33 de la Ley 3.538, que regula a la SVS, señala que "la Superintendencia no podrá aplicar multa a un infractor, luego de transcurridos cuatro años desde la fecha en que hubiere terminado de cometerse el hecho penado o de ocurrir la omisión sancionada". Así, las transacciones de 2009 cuestionadas podrían estar caducas, mientras otras vencen durante el último trimestre de este año.