El Ejecutivo reduce el presupuesto para los gobernadores regionales y aumenta el de los delegados presidenciales
A través de un decreto de Hacienda, se da cuenta de que la nueva autoridad contará con $ 660.346 millones menos.
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El miércoles 14 de julio, los gobernadores regionales electos asumirán sus cargos en propiedad, en medio de disputas por el domicilio de la nueva autoridad y la necesidad de contar con nuevas facultades para ejercer el dominio regional, que deberá compartir con la figura del delegado presidencial. En medio de este debate, reservadamente, el gobierno tomó una nueva medida que podría afectar a la instalación de estas autoridades.
Con fecha 5 de julio, el Ministerio de Hacienda modificó el Presupuesto vigente del sector público, reduciendo el financiamiento para los gobiernos regionales en $ 660.346 millones, con lo que 14 regiones –salvo el Maule y Ñuble- se verán afectadas mayoritariamente en sus presupuestos para realizar convenios con personas naturales.
En paralelo, aumentó el presupuesto del Servicio de Gobierno Interior, que actualmente se encarga de las intendencias y que desde el 14 de julio serán reemplazadas por el delegado presidencial, en $ 1.415.640 millones, para contrataciones a honorarios.
Durante la jornada, algunos gobernadores electos y parlamentarios han levantado la voz, rechazando la modificación presupuestaria del Ejecutivo. Uno de ellos es el gobernador electo de la Región de Antofagasta, Ricardo Díaz (PRO), quien advirtió que la del gobierno es una "decisión arbitraria que atenta contra las personas que nos eligieron y que confían en nuestra gestión".
Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, Carlos Bianchi (Indep.), señaló que ya se le hizo ver al Ejecutivo la posición de esta instancia en contra de la determinación, pues constituye una señal de que "no hay ningún ánimo de poder llevar a cabo un proceso de empoderamiento" de los gobernadores regionales.
Mientras que el diputado Jaime Mulet (FRVS) calificó el hecho como de "extremadamente grave", porque da cuenta de que el gobierno "está entorpeciendo este proceso (...) en una actitud antidemocrática", sentenció. Por lo que los parlamentarios se estarían organizando para enfrentar la medida.