La discusión sobre las consecuencias del mayor déficit fiscal estructural revelado dos días antes de que finalizara el gobierno de Michelle Bachelet está lejos de terminar.

La comisión de Hacienda de la Cámara anunció que volverá a citar al exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, y al extitular de la Dirección de Presupuestos, Sergio Granados, luego de que se excusaran de asistir a la sesión de ayer, a la cual fueron convocados para explicar los alcances del tema a los parlamentarios.

A eso se suma que el actual ministro de Hacienda, Felipe Larraín citó a los miembros del Consejo Fiscal Asesor (CFA) este viernes para revisar las cifras de cierre del 2017, con la información actualizada luego de la publicación de las Cuentas Nacionales de dicho ejercicio. Asimismo, Larraín aterrizará hoy en el Congreso para explicar la polémica a los parlamentarios de la citada instancia.

La polémica partió luego que un acta del Consejo revelara que el déficit fiscal estructural de 2017 fue de 2,1% del PIB y no de 1,7% como se había informado. De ahí, el tema solo ha tomado fuerza: primero provocó duras declaraciones del ministro de Economía, José Ramón Valente, quien dijo a Radio Cooperativa que la administración saliente “le mintió a los chilenos”, al ocultar un déficit adicional de US$ 1.100 millones, lo que develaba una “irresponsabilidad brutal” en el manejo de las arcas fiscales, lo que fue desmentido por el exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre.

Valente continuó firme en sus dichos y ayer calificó como “irresponsable” el manejo fiscal del gobierno anterior.

Las consecuencias

La política fiscal chilena se rige desde 2001 por una regla fiscal basada en un balance cíclicamente ajustado (BCA), más conocida como balance estructural, que pone la situación del Fisco en una perspectiva de mediano plazo utilizando un precio del cobre y PIB de tendencia (ingresos), a diferencia del balance efectivo que da cuenta de la situación coyuntural.

Juan Pablo Medina, académico de la UAI y miembro del CFA, ejemplifica el cálculo del balance estructural con pronosticar el tiempo. “Podemos hacer un pronóstico de lluvia para el próximo miércoles, pero será un pronóstico que puede cambiar si lo hago el fin de semana o el próximo martes, porque el conjunto de información que tengo va a ir cambiando a medida que me acerco al día ebn cuestión”, plantea, que fue lo que ocurrió con el precio del cobre.

Así, el primer punto que aclaran los expertos es que el mayor déficit estructural no se traduce en que “falte plata” en las arcas fiscales, pero acotan que tampoco significa que no pueda tener consecuencias en la política fiscal del nuevo gobierno.

“El déficit estructural es un cálculo teórico, por lo tanto no tiene nada que ver con el movimiento de fondos efectivos”, explica el académico de la U. de Chile y también miembro del CFA, José Yáñez. Agrega que las críticas apuntan a que la autoridad deberá hacer más esfuerzos para bajar el déficit estructural y llegar a cierta meta en un plazo determinado. “Por ejemplo, es muy distinto bajar el déficit a 1% cuando era 1,7% que cuando era 2,1%, que significa bajarla en más de un punto”, sostiene.

Punto en el que coincide Medina que recalca que el punto de partida para alcanzar el balance estructural será más desafiante y requerirá de un mayor esfuerzo fiscal, el cual dependerá de la meta que se ponga el gobierno y que deberá informar en conjunto con su política fiscal en sus primeros 90 días de gestión.

“A nadie le gusta que tengamos un défcit fiscal no importa cuál sea el número, porque eso significa estar menos preparado para una situación de crisis”, complementa.

El economista jefe de CorpResearch, Sebastián Cerda, indica que el gobierno deberá tomar decisiones sobre la política fiscal, partiendo por definir si todavía quiere que se rija por la actual regla. “Esa será una discusión muy importante”, asegura. Si la respuesta es afirmativa, significará que si quiere definir un plazo para el balance estructural “los ajustes de gasto hacia adelante serán bastante importantes”.

Larraín aborda impacto de Bitcoins y economía digital

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, concluyó ayer su participación en las reuniones de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20, que se realizaron este lunes y martes en Buenos Aires.

En la instancia coincidió con autoridades de diversos países y organismos internacionales, como la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Cristine Lagarde, con quien coincidió en las plenarias de la primera jornada donde se discutieron tres temas: los riesgos de la economía global, el futuro del trabajo y el desarrollo de la infraestructura como activo.
Ayer se abordaron tres temáticas en las reuniones en la capital trasandina: el sector financiero en la era de las tecnologías, los desafíos tributarios a nivel internacional y cómo construir una arquitectura financiera internacional.

Respecto del primero, el ítem obligado fueron las criptomonedas. El ministro Larraín puso el acento en la regulación que debe hacerse a nivel internacional respecto de este tema y destacó las posibles implicancias de la expansión de las criptomonedas sobre la pérdida del "señoreaje" de los bancos centrales, lo cual eventualmente podria tener implicancias sobre el Fisco.

Respecto de los desafíos tributarios a nivel internacional, el titular de las finanzas públicas advirtió que los países pueden enfrentar la erosión de su base impositiva. Esto debido a la expansión a nivel global de empresas que prestan servicios en un país, pero tributan en otro.
Asimismo, agregó que este problema no se reduce a aplicaciones de la denominada economía digital, como Uber, Cabify o Netflix, sino que es un tema más amplio.

Sobre qué medidas tomar al respecto, el ministro de Hacienda indicó que no se trata de prohibir estas empresas, pero sí de crear un marco para que compitan en condiciones justas con las compañías locales.

En paralelo a las sesiones plenarias, el jefe del equipo económico sostuvo reuniones bilaterales con su par de España, Román Escolano, y de Brasil Henrique Meirelles.