Modernización de la Dirección del Trabajo: lo que quedó fuera y las claves del proyecto despachado a Ley

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y despachó a ley hoy miércoles el proyecto que moderniza la Dirección del Trabajo (DT), dando término a casi año y medio de tramitación legislativa.

La votación fue celebrada por la ministra del Trabajo, María José Zaldívar y el subsecretario del ramo, Fernando Arab, quienes valoraron el diálogo que mostraron los diversos actores en el tema.

"Estamos contentos, porque la modernización de la DT ha sido una prioridad del gobierno del presidente Sebastián Piñera, ya que es un servicio fundamental para proteger y defender los derechos laborales", señaló la ministra Zaldívar.

En la misma línea, el subsecretario Arab agregó que en términos generales, "la nueva Ley mejorará las competencias y facultades de la DT. Así, establece la obligación de llevar toda la documentación laboral de manera electrónica, lo que permitirá no solo una mejor fiscalización, sino que también conseguir mejores estadísticas, favoreciendo de esta forma, la elaboración de las políticas públicas que se diseñen".

Según destacó el subsecretario, se trató de un proyecto "aprobado de manera transversal en cada uno de sus trámites legislativos y fue fruto del trabajo serio, responsable y de buena fe con las propias asociaciones de funcionarios de la institución".

Lo que quedó fuera

Si bien las autoridades celebraron el despacho de la propuesta, el texto despachado se distancia -en algunas materias- de lo que propuso el Gobierno en su inicio.

Así, por ejemplo, quedó fuera la propuesta del Gobierno para designar al director del Trabajo. Dicha idea establecía que la designación de un candidato fuera realizada por el Presidente de la República con acuerdo del Senado, adoptado por 4/7 de sus miembros en ejercicio, con el objeto de alejarlo de los ciclos políticos.

La idea, además contemplaba que la duración en el cargo fuera de seis años, y su remoción sería por resolución de la Corte Suprema a requerimiento del Presidente de la República o de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, tras no llegar a un acuerdo, dicha materia quedó fuera del texto tras su paso por el Senado.

Pero no fue lo único, otra materia que se descartó, fue la que planteaba la creación de un consejo consultivo, el cual tendría como finalidad colaborar con el director del Trabajo en el ejercicio de sus facultades de interpretación de la legislación y reglamentación laboral cuando se trate de una nueva doctrina o reconsideración de doctrina existente.

Los cambios aprobados

Pese a que hubo cambios, al interior de la cartera de Trabajo destacan que lo despachado a Ley es lo central.

Respecto al contenido de las normas aprobadas, destacan las que dicen relación con la mayor incorporación de componentes tecnológicos para facilitar los procesos de fiscalización, estableciendo que las comunicaciones y notificaciones entre el servicio y sus usuarios se realizarán por correo electrónico, impulsando el registro virtual de los contratos y sus terminaciones.

De esta forma, se establece que la DT, para hacer efectivas sus competencias y facultades, podrá acceder en forma electrónica a toda la documentación obligatoria laboral y de seguridad social de los empleadores y empresas que conste en su sitio web.

También se aprobó crear una unidad de apoyo al emprendedor (MIPYMES), la cual funcionará como ventanilla única. No es lo único en esta materia, ya que también se aprobó implementar una diferenciación de multas entre micro y pequeñas empresas.

Dentro de las normas aprobadas, también se autorizó darle al servicio la facultad para realizar consultas públicas sobre instrucciones, pronunciamientos y otras normas. Esto se suma a la obligación de publicar en su sitio web los dictámenes, ordinarios, circulares y órdenes de servicio en enero de cada año.

Respecto al funcionamiento interno de la DT, se aprobó facultar al Presidente de la República para fijar la nueva planta del servicio. En relación a esto, y de manera adicional, se propone, como regla general, el concurso público para el ingreso del personal a contrata, de manera de contar con personal calificado para el desarrollo de sus funciones.