Correcciones al Presupuesto
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Dos días antes del plazo final, el Congreso aprobó el proyecto de ley de Presupuestos 2025, el último que ejecutará la actual administración. El acuerdo se logró tras un ejercicio calificado como inédito, luego de que el Gobierno aceptó reducir US$ 600 millones de la iniciativa que presentó originalmente, con lo cual el gasto público crecerá solo 2%, en lugar de 2,7%. El recorte se suma, así, a la rebaja de US$ 1.000 millones que ya se había determinado para el actual erario.
Como parte del acuerdo que permitió destrabar el presupuesto del próximo año, que bordea los US$ 92 mil millones, uno de los aspectos más destacados fue el compromiso del Ejecutivo de solicitar una asesoría al FMI para mejorar el cálculo de las proyecciones de ingresos fiscales e implementar los ajustes de gasto que sean necesarios para cumplir las metas.
Pese al recorte de gastos, persisten las dudas sobre la eficiencia en la ejecución de recursos en programas mal evaluados.
El compromiso se dio en el marco de un ejercicio en que la recaudación fiscal ha estado por debajo de lo proyectado, mientras los gastos del Gobierno han ido al alza, lo que ha sido advertido por diversos expertos. El Consejo Fiscal Autónomo, de hecho, en su último informe trimestral ante el Congreso llamó al Gobierno no solo a mejorar las estimaciones de ingresos para 2024 y 2025, sino que le pidió a Hacienda mejorar “la precisión y la prudencia” en sus proyecciones. En ese contexto, la voluntad del Ejecutivo para reducir el gasto ha sido valorada desde la oposición.
No obstante, este golpe de realismo no termina de reducir las incertidumbres respecto de los reales ingresos que se puedan obtener a partir de la puesta en marcha de la Ley de Cumplimiento Tributario, con la que el Gobierno espera recaudar el equivalente al 1,5% del PIB para financiar las prioridades sociales del programa de gobierno. Las estimaciones respecto del crecimiento no son precisamente alentadoras, en un contexto en que Hacienda reconoció que las proyecciones de expansión en torno a 2,7% para este año no se cumplirán, mientras el Banco Centra prevé que el Producto tendencial no superará el 1,8% promedio en la próxima década. A ello se suma un stock de deuda bruta del Gobierno que este año se ubicaría en cerca de 41% del PIB, lo que no deja espacios para holguras fiscales.
Las dudas persisten particularmente sobre la eficiencia del aparato estatal para ejecutar los recursos aprobados y, sobre todo, respecto de la pertinencia de programas evaluados como poco eficaces o innecesarios, que hasta ahora no se han eliminado o suspendido. Es de esperar que, ante este cuadro, la evidencia que aporte la asistencia de organismos internacionales sea adecuada y eficazmente incorporada para introducir las correcciones que permitan lograr un gasto razonable y coherente con las urgencias reales del país, y que estimulen condiciones que permitan retomar el crecimiento.