2024, el peor año en la historia del Poder Judicial

José Miguel Aldunate

Así lo piensa, al menos, la ministra vocera de la Corte Suprema María Soledad Melo. Obviamente se trata de una afirmación hiperbólica pero, en esencia, da cuenta de un hecho innegable: que durante el segundo semestre de 2024, la Corte Suprema estuvo en el foco de la polémica. Para los ministros que se quedan, el hecho pareció una calamidad sobrevenida sin que ellos lo hubieran buscado. Pero no puede decirse lo mismo respecto de los ministros que se fueron.
Haya sido justa o injusta la decisión de expulsarlos, lo cierto es que el caso de los ministros Ángela Vivanco y Sergio Muñoz deja una lección que no debe pasarse por alto: la importancia de mantener los límites del rol judicial para preservar la legitimidad del Poder Judicial. En el caso de Vivanco, sus llamadas con el influyente abogado Hermosilla no solo levantaron dudas sobre su imparcialidad, sino que subrayaron los riesgos de la percepción pública de convivencia entre magistrados y actores externos.
En cuanto a Muñoz, aunque la acusación constitucional se centró en presuntos negocios inmobiliarios vinculados a su hija, resulta evidente que el trasfondo fue su creciente y excesiva intromisión en políticas públicas y su incursión en las competencias exclusivas del legislador. Un aspecto revelador de este caso fue cómo la votación en el Congreso se alineó de manera exacta con el eje oficialismo-oposición. Esto no solo evidencia que los parlamentarios abordaron el caso desde una perspectiva marcadamente política, lo cual es criticable en sí mismo, sino que, más importante aún, refleja lo dañina que resultó la figura del propio Sergio Muñoz, percibido más como un actor político partidista que como un juez imparcial, socavando así el principio fundamental de la imparcialidad del juez.

“Cuando el Poder Judicial interviene en asuntos de política, debe hacerlo estrictamente al amparo de la ley y en su rol de guardián de esta, sin dar lugar a percepciones de subjetividad o arbitrariedad”.

La principal lección que deja este episodio es que cuando el Poder Judicial interviene en asuntos de política, debe hacerlo estrictamente al amparo de la ley y en su rol de guardián de esta, sin dar lugar a percepciones de subjetividad o arbitrariedad. Cuando esa intervención se percibe como fruto de la voluntad o agenda personal de los ministros, el tribunal abandona su ámbito natural y se adentra en el terreno de la política. En ese momento, deja de ser un árbitro imparcial y se expone a ser tratado como un actor político más, con todas las consecuencias que eso conlleva, como quedó evidenciado en este caso.
En este contexto, es importante señalar que actualmente se están discutiendo reformas legislativas que buscan modificar tanto el sistema de nombramiento de los jueces como el sistema disciplinario, dos aspectos profundamente vinculados a las controversias que marcaron a la Corte Suprema durante 2024. Sin embargo, aunque estas reformas puedan ser necesarias para abordar problemas estructurales, la principal lección de este episodio no requiere cambios legales: tiene que ver, ante todo, con el comportamiento de los propios ministros. Es en su actuar, su capacidad de respetar los límites de su rol y de preservar la imparcialidad del Poder Judicial, donde reside el verdadero desafío de la Corte Suprema en 2025.