Urgen medidas de reactivación para el sector inmobiliario

NICOLE SOLÉ, gerente general de Exxacon Inmobiliaria

Una vez más la industria inmobiliaria y de la construcción se reunió en Edifica, la feria internacional del rubro en donde se comparten experiencias y nuevas soluciones, con el objetivo de impulsar el desarrollo de esta industria en los diferentes países de Latinoamérica.

Contando, además, con el patrocinio de los ministerios de Obras Públicas y Vivienda y Urbanismo, en este evento el Gobierno tuvo la oportunidad de hacer los anuncios que el sector necesita, de forma urgente, para intentar salir de la crisis histórica en la que estamos inmersos y que afecta a la economía de todo el país. Pero no fue así.

"Como industria creemos que no es el momento de encarecer el precio de la vivienda, más aún si a la inflación sumamos el poco o nulo reajuste de los sueldos".

El sector requiere de un compromiso y apoyo más explícito de parte de la autoridad, la que se ha quedado solo en buenas intenciones, propuestas tibias y promesas que no se han concretado. Por el contrario, muchos de los anuncios de los últimos años van exactamente por la vereda opuesta, como la disminución del Crédito Especial para Empresas Constructoras (CEEC), la implementación del Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) o de la Ley de Aportes al Espacio Público, todas herramientas que se traducen en costos extras antes inexistentes que encarecen los proyectos, parte de lo cual se traspasa al precio de venta, en un momento tan crítico como el que atraviesa nuestro país.

Por otro lado, el nuevo estándar de regulación de la Banca, Basilea III impacta directamente al negocio inmobiliario y en la cadena ligada a éste (hipotecarios, financiamiento de nuevos proyectos, construcción, entre otros), lo que en concreto se traduce en mayores barreras de entrada, incluso para aquellas inmobiliarias que hace años están consolidadas en la industria, y restricción en el financiamiento, lo que deja como consecuencia una serie de proyectos que estaban listos para partir, detenidos, con la consiguiente disminución de la oferta en un país con una crisis deficitaria de vivienda transversal.

Urge que se generen beneficios directos que nos permitan bajar los precios de casas y departamentos, aunque fuese una excepcionalidad por un período corto. Por ejemplo, el IVA de la Construcción. Hace apenas unos años, todos los proyectos DFL-2 pagaban un IVA de 6,67%, no el 19%, que prácticamente ya pagan todos. Esto implica en el costo de una propiedad, donde la construcción es el 50%, un 12% de diferencia, es decir, un posible ahorro del 6% en la venta.

O promover subsidios más agresivos para propiedades DFL-2 de hasta UF 5.000, pues los chilenos que más han sido rechazados por la banca para acceder a un crédito hipotecario son de la clase media, y no cuentan con ninguna ayuda de parte de Estado. Esa clase media es la que compraba casas o departamentos entre UF 2.000 y UF 5.000 y hoy ve casi imposible cumplir el sueño de la casa propia. Al menos por un período, el IVA de ventas - implementado desde el 2016- debiera no aplicarse para viviendas para usuario final. Esto implica al menos un 10% menos de costo de venta de una propiedad.

Si se quiere estimular la inversión, proponemos que por ningún motivo la nueva ley tributaria saque el beneficio del arrendamiento de inmuebles amoblados con IVA, ya que esto permite tanto a los fondos que desarrollan y operan multifamily como a personas naturales con inicio de giro en la renta de inmuebles amoblados, solicitar la devolución anticipada por parte del Servicio de Impuestos Internos; de lo contrario, la inversión inmobiliaria podría tender a desaparecer en la oferta que hoy está teniendo un mayor crecimiento y tendencia, que es la renta.

Como industria creemos que no es el momento de encarecer el precio de la vivienda, más aún si a la inflación sumamos el poco o nulo reajuste de los sueldos. La realidad del Chile de hoy es que hay una brecha enorme entre sueldo, capacidad crediticia y valor de la vivienda.

No podemos seguir así. El Estado tiene que reaccionar.