Repensar la reforma de pensiones

SUSANA JIMÉNEZ

Difícilmente alguien podría no querer un buen acuerdo previsional que permita elevar las pensiones de las personas. La pregunta es qué aspectos de la reforma propuesta por el Ejecutivo apuntan a este propósito y cuáles no.

Hay dos aspectos fundamentales. El primero dice relación con lo que podríamos denominar “justicia previsional”, que apunta a superar la pobreza en la vejez, evitar la discontinuidad de los ingresos en la jubilación, y avanzar en equidad entre hombres y mujeres. La segunda, que podemos llamar “libertad previsional”, significa que las personas puedan escoger el sistema de su preferencia, lo que pasa necesariamente por fortalecer la competencia.

“Los aspectos problemáticos de la reforma previsional dan cuenta de que no basta con un par de indicaciones para mejorarla. Hace falta consensuar una reformulación de la propuesta que dé garantías reales de beneficios para los jubilados”.

En materia de “justicia previsional”, la implementación de la PGU cambió drásticamente el diagnóstico bajo el cual fue elaborada la propuesta de reforma previsional, pues se habrá triplicado el presupuesto para apoyar a los sectores de más bajos ingresos. La clase media, en cambio, podría verse muy perjudicada con la propuesta, puesto que la tasa de reemplazo de las personas de ingresos medios, que actualmente es baja, se vería mucho mejor prospectada si el aumento de la cotización se integrara completamente a sus cuentas individuales en vez de destinarlo a un pilar colectivo.

Por último, para abordar las inequidades existentes, sería mejor hacerlo con fondos públicos que aplicando un impuesto al trabajo; pero si se quiere perseverar en financiar compensaciones (por género, cuidados, hijos u otros) con parte de las cotizaciones, se debiera estimar el costo y financiarlo con un pilar solidario, más sin construir cuentas ficticias y expropiatorias como las cuentas nocionales.

Todo lo anterior apunta a una reformulación de la reforma previsional que debiera reevaluar la magnitud del alza de cotizaciones a la luz del impacto de la PGU, destinar una proporción mayoritaria a las cuentas individuales y, eventualmente, construir un pilar colectivo solidario para financiar las compensaciones entre cotizantes (sin cuentas nocionales). Con ello no sólo se garantiza un mayor ahorro -que redunda en mejores pensiones-, sino que además se incentiva la formalidad laboral y se evitan espacios de discrecionalidad.

En cuanto a la “libertad previsional”, cabe destacar que no hay real posibilidad de elección si todo el sistema se vuelve estatal. La propuesta del Gobierno crea un monopolio estatal en las funciones de soporte y reduce (hasta casi eliminar) las opciones de competir en la gestión de fondos. Lo anterior, sin mediar fundamentos creíbles en materia de eficiencia, sino por el contrario, introduciendo serios riesgos en la calidad de servicio, la fiscalización y el manejo de los conflictos de interés.

La separación de la industria es otro gran tema que tampoco se justifica. Ahora bien, podría argumentarse -en aras de una mayor competencia- que deba existir un actor estatal y que éste preste servicios a terceros en las funciones de soporte, eliminando así una eventual barrera para nuevos entrantes. Lo más incidente, en todo caso, será el cobro por saldo en vez de sobre cotizaciones, puesto que promoverá una mayor disputa de cotizantes vía precios entre los distintos administradores. La libertad de elección, sin embargo, se vería fuertemente limitada si insisten con la triquiñuela de la opción estatal por default.

Los aspectos antes señalados, que son sólo una parte de la reforma de pensiones propuesta, dan cuenta de que no basta con un par de indicaciones para mejorarla, sino que hay que consensuar una reformulación de la reforma que dé garantías reales de beneficios para los jubilados.