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Alto contraste
El gobierno del ex presidente Eduardo Frei decidió modificar la ley de empresas sanitarias, reduciendo la participación estatal al 35%, mejorando previamente el marco regulatorio. En el gobierno siguiente se eliminó la restricción legal de que el 35% se mantuviera en manos del Estado. En consecuencia, debido a esta última modificación la venta de los paquetes minoritarios son una decisión que no requiere aprobación del Parlamento.
Debido a las debilidades de la regulación, las rentabilidades de las empresas sanitarias han venido subiendo y son en algunos casos significativamente más altas que lo que establece la ley. En este sentido, el Estado ha obtenido una buena rentabilidad por sus activos accionarios, probablemente con algún costo social importante dado el efecto adverso de tarifas elevadas en el bienestar de la población.
El Estado, como accionista, no ha cumplido ningún rol para proteger el bienestar de los consumidores. El Sistema de Empresas SEP ha estado recibiendo confortablemente los dividendos, que pueden implicar en algunos casos rentas monopólicas. Respecto a la conveniencia de la venta de las acciones en las empresas, reconozcamos que su mantención no ha cumplido ningún rol que beneficie a los consumidores. Hipotéticamente, puede ser importante evitar las fusiones de empresas sanitarias, para mantener un elemento básico para la regulación, la competencia comparada entre empresas independientes. Cuando existe un monopolio de información tan significativo como en el de empresas sanitarias, es fundamental que existan varias empresas con controladores diferentes para que el regulador pueda hacer benchmarking de costos. Propongo que al igual que en Inglaterra, el Estado -por ley- obtenga una acción de oro con poderes similares a los derechos en la junta de accionistas que representan un tercio de acciones en sociedades anónimas abiertas. Esto le permitiría al Estado objetar fusiones y otras decisiones esenciales con el fin velar por el interés público. Adicionalmente, se debe modernizar la regulación. Fundamentalmente en el mecanismo de solución de controversias. Se debe establecer un panel de expertos al igual que en la ley eléctrica y en concesiones de obras públicas y generar un esquema equilibrado entre los intereses del regulador y del regulado. Adicionalmente, la ley sanitaria tiene deficiencias en el tratamiento de los derechos de agua, en la tarificación. Considera la alternativa de menor costo privado de acceder al recurso agua, sin tomar en cuenta que en varias cuencas en que los acuíferos están sobre explotados las empresas sanitarias tendrán que buscar otras alternativas de abastecimiento de mayor costo. Sin un mejoramiento de la regulación del sector sería imprudente vender las acciones que el estado posee en las empresas sanitarias. Ahora desde una perspectiva macroeconómica, el estado no tiene problemas de financiamiento, el problema es de gasto. Estos recursos adicionales no deben considerarse como ingresos estructurales ya que son por una sola vez. Es fundamental que estos recursos sustituyan otras fuentes de financiamiento en dólares del fisco y no incrementen el gasto público, que en el contexto de apreciación cambiaria es fundamental limitar. Por último, el patrimonio de Corfo depende de su participación en las empresas sanitarias. Esto ha permitido cierta capacidad de negociación para expandir los recursos para la innovación. Una opción es que estos recursos se mantengan en Corfo y que sus intereses financian los programas de desarrollo productivo de la institución. En síntesis, la oposición en vez de rechazar de plano la propuesta debería aprovechar la oportunidad de negociar un mejoramiento del marco regulatorio, que ha sido insuficiente para romper el monopolio de la información y concordar la capitalización de entidades públicas que requieren fortalecerse.
Debido a las debilidades de la regulación, las rentabilidades de las empresas sanitarias han venido subiendo y son en algunos casos significativamente más altas que lo que establece la ley. En este sentido, el Estado ha obtenido una buena rentabilidad por sus activos accionarios, probablemente con algún costo social importante dado el efecto adverso de tarifas elevadas en el bienestar de la población.
El Estado, como accionista, no ha cumplido ningún rol para proteger el bienestar de los consumidores. El Sistema de Empresas SEP ha estado recibiendo confortablemente los dividendos, que pueden implicar en algunos casos rentas monopólicas. Respecto a la conveniencia de la venta de las acciones en las empresas, reconozcamos que su mantención no ha cumplido ningún rol que beneficie a los consumidores. Hipotéticamente, puede ser importante evitar las fusiones de empresas sanitarias, para mantener un elemento básico para la regulación, la competencia comparada entre empresas independientes. Cuando existe un monopolio de información tan significativo como en el de empresas sanitarias, es fundamental que existan varias empresas con controladores diferentes para que el regulador pueda hacer benchmarking de costos. Propongo que al igual que en Inglaterra, el Estado -por ley- obtenga una acción de oro con poderes similares a los derechos en la junta de accionistas que representan un tercio de acciones en sociedades anónimas abiertas. Esto le permitiría al Estado objetar fusiones y otras decisiones esenciales con el fin velar por el interés público. Adicionalmente, se debe modernizar la regulación. Fundamentalmente en el mecanismo de solución de controversias. Se debe establecer un panel de expertos al igual que en la ley eléctrica y en concesiones de obras públicas y generar un esquema equilibrado entre los intereses del regulador y del regulado. Adicionalmente, la ley sanitaria tiene deficiencias en el tratamiento de los derechos de agua, en la tarificación. Considera la alternativa de menor costo privado de acceder al recurso agua, sin tomar en cuenta que en varias cuencas en que los acuíferos están sobre explotados las empresas sanitarias tendrán que buscar otras alternativas de abastecimiento de mayor costo. Sin un mejoramiento de la regulación del sector sería imprudente vender las acciones que el estado posee en las empresas sanitarias. Ahora desde una perspectiva macroeconómica, el estado no tiene problemas de financiamiento, el problema es de gasto. Estos recursos adicionales no deben considerarse como ingresos estructurales ya que son por una sola vez. Es fundamental que estos recursos sustituyan otras fuentes de financiamiento en dólares del fisco y no incrementen el gasto público, que en el contexto de apreciación cambiaria es fundamental limitar. Por último, el patrimonio de Corfo depende de su participación en las empresas sanitarias. Esto ha permitido cierta capacidad de negociación para expandir los recursos para la innovación. Una opción es que estos recursos se mantengan en Corfo y que sus intereses financian los programas de desarrollo productivo de la institución. En síntesis, la oposición en vez de rechazar de plano la propuesta debería aprovechar la oportunidad de negociar un mejoramiento del marco regulatorio, que ha sido insuficiente para romper el monopolio de la información y concordar la capitalización de entidades públicas que requieren fortalecerse.
