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Alto contrasteA nivel político se sostiene que 2011 es el último año sin elecciones que, de una u otra forma, enturbien el ambiente necesario para el desarrollo de grandes reformas y acuerdos transversales.
Curioso planteamiento: las instancias electorales convertidas en limitantes para el avance del país, en vez de ser percibidas como momentos de trascedencia para la proposición y discusión de proyectos que aporten al desarrollo nacional.
Pero si las circunstancias imponen esta limitación, entonces bienvenido un 2011 cargado de iniciativas que, consensos de por medio, permitan avanzar en la efectiva solución de problemáticas que abundan en los discursos, pero que parecen desplazadas por otras prioridades al momento de la ejecución de las políticas públicas y privadas.
Proyectos, por ejemplo, encaminados a la promoción de la innovación y el emprendimiento, asumiendo que Chile requiere de nuevas fuentes productivas que le catapulten al desarrollo. Lo anterior conlleva nuevos requerimientos en materia de formación profesional, capacitación, burocracia fiscal, acceso a financiamiento, sistema de quiebras y reemprendimiento, entre otras materias.
Alcanzar el desarrollo en 2018, como ha propuesto la actual administración, puede resultar una tarea puramente estadística sino está acompañada de una percepción real de la población en torno a un mejor estándar de vida y de una transformación en el modelo productivo tradicional que ha sustendado el PIB nacional; esto es, una economía altamente dependiente de los recursos naturales y, en particular, del cobre.
La respuesta a este desafío se encuentra en la innovación y en la oportunidad de cada chileno para encontrar y desarrollar nuevas oportunidades económicas.
La innovación en los procesos productivos también constituye un ingrediente clave para avanzar en los niveles de productividad de la economía chilena, otro de los elementos pendientes que entorpecen un avance más decidido al desarrollo. Pero son varios los ámbitos a trabajar para incrementar la productividad y, como resultado, la competitividad del país. Cabe mencionar, por ejemplo, la seguridad y eficiencia energética, la flexibilidad laboral, la competencia en los distintos mercados y la eficiencia de la administración pública.
Todas las prioridades mencionadas tienen en común el requerir de consensos transversales para salir adelante. Los grupos de interés, que presionan por condiciones particulares en desmedro de estos avances, ya no pueden tener cabida ni menos abusar de las movilizaciones sociales para conseguir sus objetivos. No, al menos, en el 2011 que necesitamos.
