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Como se advirtió a poco de declarada la crisis del virus ISA, esta enfermedad llegó para quedarse, instalando a las empresas y autoridades el enorme desafío de convivir con el problema, administrando y mitigando sus costos y efectos indeseados, que, por cierto, no han sido pocos.
En las últimas semanas ese desafío ha sido sometido a prueba y todo indica que el saldo es desfavorable. Recriminaciones entre las empresas del sector salmonicultor, entre los exponentes gremiales de éstas y las autoridades dejan en evidencia que aun resta mucho por hacer y que los sistemas de alarma y reacción aún requieren ser calibrados. Resulta preocupante que los reproches de la autoridad apunten a que dentro del sector ha habido una insatisfactoria conducción gremial, que se afirme que las empresas en forma individual puedan estar operando (y que casi logren hacerlo) con el mezquino propósito de materializar una cosecha a riesgo de perjudicar a toda una industria y que, del otro lado, se acuse a las autoridades de lentitud y falta de transparencia.
El lenguaje y temperatura de las recriminaciones, independiente de si una u otra parte tienen la razón, hablan de un sector que parece seguir con déficits importantes en la gestión de este problema que, como se dijo, llegó para quedarse. Y esto es un aspecto de la mayor relevancia. Lo es, por de pronto, para los miles de trabajadores directos que perdieron su trabajo con motivo de esta crisis; lo es para los acreedores bancarios que tienen intereses comprometidos y confían (con resguardos, por supuesto) en que el sector será capaz de cumplir con sus obligaciones; lo es, también, para los accionistas de las empresas, algunas de las cuales cotizan en forma abierta; y lo es en definitiva para el país, porque, como es bien sabido, las empresas que operan en el sector lo hacen a partir de concesiones acuícolas, que se definen como el derecho de uso y goce por un tiempo indefinido sobre bienes nacionales, en este caso porciones de agua, y fondo marino, y que es un patrimonio de todos los chilenos.
Es de esperar que el episodio en curso progrese en forma responsable, ya que lo que está en juego es relevante para varias regiones del país. Más de 10.000 personas que trabajaban en forma directa en esta industria y que tienen la expectativa de que el sector se levante, así lo desean. Lo mismo ocurre con las decenas de empresas proveedoras y otros sectores indirectamente afectados por la crisis, así como quienes creen que es real que el país se consolide como una potencia alimentaria a nivel internacional.
En las últimas semanas ese desafío ha sido sometido a prueba y todo indica que el saldo es desfavorable. Recriminaciones entre las empresas del sector salmonicultor, entre los exponentes gremiales de éstas y las autoridades dejan en evidencia que aun resta mucho por hacer y que los sistemas de alarma y reacción aún requieren ser calibrados. Resulta preocupante que los reproches de la autoridad apunten a que dentro del sector ha habido una insatisfactoria conducción gremial, que se afirme que las empresas en forma individual puedan estar operando (y que casi logren hacerlo) con el mezquino propósito de materializar una cosecha a riesgo de perjudicar a toda una industria y que, del otro lado, se acuse a las autoridades de lentitud y falta de transparencia.
El lenguaje y temperatura de las recriminaciones, independiente de si una u otra parte tienen la razón, hablan de un sector que parece seguir con déficits importantes en la gestión de este problema que, como se dijo, llegó para quedarse. Y esto es un aspecto de la mayor relevancia. Lo es, por de pronto, para los miles de trabajadores directos que perdieron su trabajo con motivo de esta crisis; lo es para los acreedores bancarios que tienen intereses comprometidos y confían (con resguardos, por supuesto) en que el sector será capaz de cumplir con sus obligaciones; lo es, también, para los accionistas de las empresas, algunas de las cuales cotizan en forma abierta; y lo es en definitiva para el país, porque, como es bien sabido, las empresas que operan en el sector lo hacen a partir de concesiones acuícolas, que se definen como el derecho de uso y goce por un tiempo indefinido sobre bienes nacionales, en este caso porciones de agua, y fondo marino, y que es un patrimonio de todos los chilenos.
Es de esperar que el episodio en curso progrese en forma responsable, ya que lo que está en juego es relevante para varias regiones del país. Más de 10.000 personas que trabajaban en forma directa en esta industria y que tienen la expectativa de que el sector se levante, así lo desean. Lo mismo ocurre con las decenas de empresas proveedoras y otros sectores indirectamente afectados por la crisis, así como quienes creen que es real que el país se consolide como una potencia alimentaria a nivel internacional.
