Un problema de transparencia
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Los contactos entre autoridades y distintos actores para esfuerzos de influir, acercar posiciones, intercambiar impresiones, compartir información, conocerse mutuamente, etc., son una parte necesaria de la vida pública y la gobernanza en un sistema democrático moderno. No obstante, para dificultar que ello derive en tráfico de influencias y corrupción pública, como suele ocurrir en otros sistemas -y como ha sido la experiencia histórica de la relación entre gobernantes y gobernados-, existen normativas, filtros y protecciones, entre ellos la ley de lobby.
La justificación de las polémicas reuniones de autoridades en casa de un lobista refleja una lamentable inconsistencia entre prédica y práctica.
La polémica defensa que han planteado diversas autoridades -desde el Presidente Boric a sus ministros- de reuniones con otros actores en la casa de un conocido lobista no se condice en nada con el estándar de transparencia que ellas mismas exigían a quienes los antecedieron en el Gobierno. Ni siquiera una voluntad de “dialogar hasta que duela”, como dijo el mandatario, justifica niveles de opacidad impropios para reuniones de trabajo entre autoridades de gobierno y parlamentarios y empresarios, sólo conocidas a través de una investigación periodística de Ciper.
Por cierto que la forma en que otros asistentes a las reuniones las han defendido -incluso líderes gremiales y políticos- refleja una similar inconsistencia entre la prédica y la práctica. Justamente el tipo de actitud que contribuye a alimentar la creciente y perniciosa desafección ciudadana hacia las elites políticas y económicas.
La Contraloría General de la República, que ha oficiado a los seis ministerios cuyos titulares participaron en las controvertidas citas, deberá determinar si ellas infringieron la ley. Más allá de lo que decida, situaciones como ésta no debieran ocurrir, por mínima prudencia y sentido del decoro, muchos menos defenderse. Como dijo a este diario la directora ejecutiva de Chile Transparente, sería peligroso restringir la interpretación de la Ley de Lobby al punto de generar “un vacío o una línea gris demasiado amplia que podría dejarla, básicamente, sin aplicación”.
