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Alto contrasteLa cantidad, remuneraciones y productividad de los funcionarios públicos es un asunto que suele debatirse con cierta regularidad en nuestro país, pero que adquiere aún mayor relevancia en los períodos electorales. En este proceso de elecciones ha surgido con especial notoriedad. El expresidente y candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, ha dicho que avanzará en modernización del Estado, en mejoría del servicio público y en la eliminación de quienes considera operadores políticos enquistados en el aparato estatal. El senador y candidato de Fuerza de la Mayoría, Alejandro Guillier, advirtió que eso puede traducirse en una razia. Todos los postulantes a La Moneda han insistido en que uno de los grandes desafíos es contar con una administración pública moderna, eficiente y que responda a las exigencias actuales.
Muchas promesas y compromisos en esta materia ha habido ya antes, pero poco se ha cumplido.
Uno de los datos, no el único por cierto, que debería provocar preocupación se refiere a los trabajadores a honorarios que se desempeñan en la administración central del gobierno y en los servicios públicos y gobiernos regionales. Es un universo de unos 47 mil funcionarios, según el último catastro disponible en la Dirección de Presupuestos (Dipres) a 2015.
Entre los cuestionamientos que se hace a este tipo de contrataciones es que en lugar de estar relacionados con tareas temporales o de alta especificidad, como podría pensarse, muchas veces se ocupan para cumplir labores permanentes de la administración pública, pero sin previsión ni derecho a indemnización, por ejemplo. Son, a veces, trabajos precarios en el Estado. En otras ocasiones son contratos y salarios decididos con total arbitrariedad.Es, en definitiva, una reforma que sigue pendiente.
