Terrorismo en el sur: ¿cuál es la estrategia del Estado?

Frente a la situación de violencia que enfrenta La Araucanía hace más de dos décadas, y que ha recrudecido en años recientes, el actual gobierno inició su gestión criticando los estados de excepción en esa zona (rechazando la idea de “militarizarla”), rehusándose a calificar como terroristas los ataques y apostando por el diálogo como principal respuesta.

Poco queda hoy de ese enfoque inicial. Enfrentado a la gravedad del problema, las autoridades no sólo han prorrogado el estado de emergencia (ya van a ser 30 ocasiones en total, incluyendo la administración anterior) y descrito como terrorismo lo que ocurre en esa parte, sino que además han anunciado la instalación de una base militar en Traiguén, el envío de más vehículos blindados y dos nuevos proyectos de ley.

Si bien han cambiado algunas señales políticas, la efectividad del Estado para ponerle freno a la violencia sigue siendo muy baja, incluso nula.

Esto último, tras el atentado de la semana pasada en la localidad de Aniñir donde fueron incendiados una escuela, una sede vecinal, una posta rural, una iglesia (la vigésima de la Diócesis de Temuco quemada desde 2014), una ambulancia y varios vehículos particulares, además de dejar una persona herida y sus mascotas muertas. Uno más, por lejos no el peor, entre muchos ataques de características similares durante años.

Pese al mencionado cambio de enfoque y a la gravedad de estos hechos, el Gobierno no invocó la Ley Antiterrorista, acrecentando las dudas sobre cuál es realmente su estrategia -si la tiene- para enfrentar el quiebre del Estado de Derecho en esa zona. Como dijo a este diario el exministro que lidera la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, “estos hechos violentos van haciendo que el Estado retroceda”, abriendo espacio a mafias vinculadas al narcotráfico, el robo de madera y otros delitos.

Así es. Lo cierto es que, si bien han cambiado las señales políticas en relación con el terrorismo en el sur, la efectividad del Estado para ponerle freno sigue siendo muy baja, incluso nula. Tanto la labor de inteligencia para desarticular a los grupos violentos como de la justicia para hacer respetar la ley están claramente al debe.

Se echa en falta, en suma, una estrategia clara y un plan de acción para llevarla a cabo.