Temor al delito como tendencia 2024

En un sondeo de Deloitte y Cadem consignado recientemente en DF, el temor a la delincuencia fue considerado la “tendencia global más importante para el 2024” por el 59% de los integrantes del panel de Negocios y el 48% del grupo de Opinión Pública. Esto, dentro de una lista que incluye desafíos tan variados y complejos como el cambio climático, las guerras en Ucrania y Medio Oriente, la salud mental, la crisis económica, la inteligencia artificial, las noticias falsas, la crisis de las democracias y otros problemas del escenario internacional.

La actual crisis de inseguridad por la que atraviesa Ecuador ha dejado en evidencia cuán rápidamente -apenas un lustro o algo más-, un país puede pasar de ser considerado seguro en el contexto latinoamericano, a ser uno de los más peligrosos de la región, donde la democracia y el Estado de derecho enfrentan hoy la amenaza directa y la extorsión de grupos de crimen organizado.

Pero aunque pueda ser rápido, ese fenómeno delictual es paulatino y progresivo. Antes de controlar cárceles enteras, comprar a jueces y ministros, o asesinar políticos, las bandas criminales -que hoy medran en el narcotráfico, pero luego derivan al tráfico de personas y armas, entre otros delitos- se adueñan de calles y barrios, construyen “territorios” y arman “soldados”, e incluso obtienen espacios de legitimidad a través de cuestionables formas de “expresión cultural”.

El reciente debate en Chile respecto de la validación de la llamada “narco cultura” a propósito de un artista mexicano invitado al Festival de Viña refleja en parte, tardíamente, una preocupación por esta insidiosa forma de penetración del delito a través de códigos socioculturales perniciosos -la exaltación de la violencia, la glamorización de las drogas, el culto al dinero y el trato misógino destacan particularmente-.

Con todo, si bien ese frente “cultural” importa mucho, es secundario respecto del control de la delincuencia, que es labor de las instituciones del Estado: policías, tribunales, legisladores y autoridades. La escasa evidencia de ese esfuerzo coordinado y sostenido explica en buena parte la conclusión del reporte mencionado al inicio.