Retrasos en la licitación de concesiones

El retraso que acumulan los procesos de licitación de concesiones en el MOP están reteniendo inversiones que superan los US$ 5 mil millones, cifra que bien podría significar un impulso clave para la actividad económica del país, en el corto y mediano plazo. Según el Gobierno, las demoras obedecen a la complejidad de las iniciativas, que requieren la aprobación de diversas instituciones fiscales y de la toma de razón de la Contraloría, plazos que no controla la Dirección General de Concesiones (DGC) del Ministerio de Obras Públicas.

Sin embargo, este parece ser, precisamente, el problema: la falta de coordinación y coherencia en la normativa que viabiliza permisos, autorizaciones y aprobaciones entre distintos organismos estatales. Si bien el Gobierno está impulsando un proyecto para reducir los permisos sectoriales, que teóricamente permitiría disminuir los plazos para proyectos de inversión, el problema sobrepasa a las autorizaciones no ambientales y afecta a otros segmentos, como el de las concesiones.

Dar mayores certezas y acortar los plazos tendría evidentes efectos en el crecimiento, la capacidad exportadora, la cadena logística y la competitividad.

El actual portafolio de la DGC incluye proyectos en distintas etapas de la licitación, ocho de los cuales acumulan retrasos, el más extenso de 41 meses. De acuerdo con las explicaciones de la DGC, además de las diversas aprobaciones, las demoras se relacionan con la decisión de la propia dirección de extender los plazos para impedir que los procesos sean declarados desiertos. Según el organismo, es preferible alargar la recepción de ofertas y “realizar en ese nuevo período los ajustes técnicos y económicos necesarios”. Sin embargo, puesto en perspectiva, las postergaciones parecen ser más un problema de diseño que de pertinencia de propuestas. Un caso crítico es el de la concesión de la Ruta 5 Tramo Chacao-Chonchi, donde tras el llamado a licitación en junio de 2021, la apertura de ofertas técnicas se ha postergado siete veces, hasta ahora; o la Ruta 68, donde tras cuatro aplazamientos, este acto demoró 22 meses en concretarse.

En un contexto en que el país mantiene un crecimiento potencial anclado al 2%, con tasas de desempleo que no bajan de 8% hace más de 20 meses y con un alto empleo informal, dar mayores certezas y acortar los plazos de adjudicación de obras con alto impacto social tendría evidentes efectos en la expansión del PIB, la capacidad exportadora, la cadena logística y la competitividad del país.

Establecer plazos mandatorios para cada servicio, sumado al diseño de una mejor gobernanza del conjunto de trámites, con criterios estratégicos parece ser clave para enfrentar el problema. En este marco, las autoridades responsables no deben perder de vista la necesidad de integrar el dinamismo del sector privado con una administración estatal moderna, eficiente y orientada a los resultados. Un enfoque coordinado y exento de rigideces permitiría que las concesiones se transformen en un motor efectivo para el crecimiento económico, el bienestar social y el desarrollo sostenible.