El establecimiento de reglas de estabilidad fiscal se ha consolidado como una tendencia en ascenso en los últimos años. En cosa de poco más de una década, un creciente número de países se ha plegado a esta definición de política pública inaugurada por Chile en 2001, año en que de modo pionero las autoridades del Ministerio de Hacienda establecieron la regla fiscal basada en un Balance Cíclicamente Ajustado. Desde entonces, casi 40 países del orbe han establecido distintos sistemas de responsabilidad fiscal de balance estructural, estimándose que un 45% de los que han introducido el sistema corresponde a países desarrollados y un 20% a naciones en desarrollo, según recientes antecedentes del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Como es bien sabido, las reglas de responsabilidad fiscal suponen un avance sustantivo en materia institucional, ya que permiten valorar la situación y posición fiscal en una perspectiva de mediano plazo, en la medida que los ingresos del gobierno central son estimados luego de ser ajustados por el ciclo económico. Si bien en el caso de Chile los objetivos de la regla han variado en el tiempo, ello no obsta decir que el mecanismo ha sido positivo, permitiéndole al sector fiscal actuar contracíclicamente y, de paso, constituir fondos de reserva soberana que hoy totalizan casi
US$ 23.000 millones.
Chile cuenta hoy con una institucionalidad económica seria y valorada a nivel mundial, misma que el ciclo electoral ha estado sobre la palestra. Es de esperar que a la larga este reconocimiento internacional tenga un correlato dentro de las fronteras y se sepa valorar lo construido en las últimas décadas.