VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contrasteReforma electoral: la miopía de legislar en clave electoralista
reformaEl debate sobre la reforma electoral vuelve a instalarse en la agenda pública. En un contexto de fragmentación política y desafección ciudadana, la necesidad de ajustar las reglas del juego parece innegable. Sin embargo, el modo en que se lleva adelante esta discusión deja en evidencia dos problemas recurrentes: la falta de una visión de largo plazo y la tendencia a realizar ajustes parciales que generan nuevas incertidumbres.
El episodio más reciente confirma esta lógica. La semana pasada, el Gobierno presentó una indicación sustitutiva al proyecto de reforma electoral, eliminando el umbral del 5% para acceder a representación parlamentaria. Se trata de la principal medida para evitar la proliferación de partidos sin anclaje real, un problema que dificulta la formación de mayorías estables. Con esta decisión, se desmantela el consenso político sobre la necesidad de ordenar el sistema de partidos, priorizando en su lugar la conveniencia electoral del oficialismo en un año de elecciones.
La eliminación del umbral contrasta con la urgencia de fortalecer los partidos y evitar la atomización del Congreso. En su versión original, la reforma establecía un régimen transitorio con un umbral del 4% en 2025 y permitía la formación de federaciones de partidos, otorgando un margen de ajuste sin generar un corte abrupto. Sin embargo, al suprimir este elemento clave, la reforma pierde su principal herramienta para garantizar mayor estabilidad legislativa.
Los efectos de esta decisión son preocupantes. Sin una barrera mínima de acceso, el sistema seguirá fragmentándose, dificultando la formación de coaliciones y aumentando la inestabilidad. Además, la falta de reglas claras incentiva la política de corto plazo y refuerza la volatilidad electoral. Se privilegia la ganancia electoral inmediata sobre la estabilidad democrática del país, una práctica recurrente en las últimas reformas y que explica buena parte del desgaste institucional que enfrenta la política chilena.
Modificar las reglas del sistema en un año de elecciones solo genera incertidumbre y erosiona la estabilidad institucional. Los estándares internacionales recomiendan que estos cambios se hagan con suficiente anticipación para que votantes y actores políticos puedan adaptarse. Ajustes de última hora, como la aplicación de multas en el voto obligatorio, exponen el proceso electoral a improvisaciones que afectan su legitimidad.
Si el objetivo es fortalecer la gobernabilidad, los cambios deben diseñarse con coherencia y estabilidad. Pero si las reformas se legislan en función de las necesidades de cada elección, sin una visión de largo plazo, el resultado será el mismo de siempre: más fragmentación, más incertidumbre y menos confianza en las instituciones.
