Por amplia mayoría fue aprobado ayer en el Congreso el proyecto que perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) y que fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil, iniciativa que de esta forma queda lista para su promulgación por parte de la presidenta de la República.
El ministro de Hacienda destacó la importancia de este avance, por lo demás muy necesario a la luz de lo que ha ocurrido en el país en los últimos años, señalando que tras esta reforma el sistema ADP se ampliará a 126 instituciones públicas, casi 30 más que las actuales 97 cubiertas, lo que deja a cerca de un 90% de los servicios dentro del sistema.
Los avances hacia una profesionalización de la función pública son de relativa reciente data en el país a la luz de lo que es la evidencia de otras naciones, ya que su origen está estrechamente ligado a la crisis vivida hace 13 años con ocasión del llamado caso MOP Gate. En esa perspectiva no puede sino que celebrarse la voluntad de mejora, en especial el fin de la figura de los cargos directivos transitorios y provisionales, que confabularon en contra de una operación más efectiva y alineada del sistema ADP con la inspiración original de este avance modernizador.
No obstante lo anterior, resulta ineludible consignar que junto con reconocer cualquier avance institucional, es clave que quienes dan vida diaria a las leyes, deben operar alineados con el espíritu de las normas, evitando torcerle la mano. En los tiempos que corren, en que la desconfianza en la política y las instituciones es alarmante, operar con códigos distintos a los de la transparencia y el bien social puede resultar muy oneroso para el país.