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Alto contrasteEn momentos en que corre la cuenta regresiva para el cierre de un intenso año 2014 en materia de reformas y cuando los agentes económicos aún están expectantes de conocer cómo comenzará a progresar en su forma legislativa la llamada agenda laboral, desde el gobierno y la coalición de partidos que representa se ha notificado que el próximo año comenzará a desarrollarse el proceso de definición de los mecanismos con que se buscará dotar al país de una nueva Constitución.
Si bien a nivel de mensajes políticos ya se había anticipado que este eje de reformas tomaría forma en 2015, pese a los meses que han transcurrido el tema sigue siendo planteado a nivel de enunciados generales, como que se quiere una Constitución "nacida en democracia" y que la forma en que se llevará adelante su reemplazo será "participativa, legítima e institucional".
La oportunidad del anuncio, el ruido que ha producido al interior de la propia coalición gobernante y las indefiniciones que aún persisten sobre los mecanismos con que se pretende llevar adelante no hacen sino introducir nuevos ruidos en un ambiente de negocios que aún no da señales de recuperación y que sigue a la expectativa de poder hacer decisiones sobre la base de mayores certezas institucionales.
Súmase a ello el que al menos a nivel de grandes titulares, el programa de gobierno de la actual mandataria plantea dentro de las áreas de reforma cuestiones que van más allá de consideraciones políticas y abarcan aspectos relevantes en materia económica como los derechos de propiedad y la garantía de nuevos derechos sociales, entre otras materias.
