El ciclo electoral ha llevado a varios de los postulantes a La Moneda a fijar posición respecto de la evolución que debiera tener el salario mínimo durante el próximo gobierno. La mayoría de los candidatos, salvo excepciones, no han escatimado en compromisos, cuestión que en rigor requiere de mayor análisis.
El salario mínimo es una fijación de precio en un mercado que opera con libertad contractual. Lo anterior, al igual como ocurre en otras áreas, reduce el tamaño del mercado y tiende a generar pérdidas que podrían superar a los beneficios. En Chile, un 9% de los trabajadores gana este monto (unos 410.000 trabajadores en 2011), la mayoría de los cuales trabaja en empresas con menos de 49 empleados (47%), mientras que sólo un 15% lo hace en grandes empresas. A lo anterior se añade otro dato: la tasa de desempleo actual se multiplica por 3 si se estratifica por edad, considerando a los menores de 24 años.
El salario mínimo visto como instrumento de protección de los trabajadores menos capacitados, debe contemplar el justo equilibrio entre los aspectos positivos de fijarlo alto versus la no fijación. Si bien por el lado positivo destaca la idea de evitar situaciones de abuso cuando existe algún grado de poder monopsónico del empleador, falta de información y costos de cambio, no puede omitirse que el salario mínimo es sobre todo una materia que concierne a los jóvenes y a los mayores de 25 años que realizan tareas básicas. Y allí, la conclusión es evidente: por más que todo buen ciudadano quiera perseverar mayores ingresos para los más pobres, un salario mínimo muy alto genera más costos que beneficios.