VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contrastePrioridades en seguridad pública
La seguridad pública es uno de los desafíos más importantes para cualquier gobierno, especialmente en los tiempos que corren. En los últimos meses, las autoridades han destacado avances en esta área, como una reducción del 1% en los delitos de mayor connotación social. Sin embargo, un análisis más profundo de los datos revela una distancia entre las cifras y las percepciones ciudadanas, lo que sugiere que aún queda un largo camino por recorrer.
En esta línea, las cifras del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) de Carabineros, muestran que, durante el año pasado, la suma total de delitos violentos -homicidios, violaciones, robos con violencia y lesiones- alcanzaron el registro más alto de la última década, con más de 196 mil casos. Este aumento, que contrasta con los anuncios optimistas, refleja un cambio en la naturaleza del crimen en el país y plantea un desafío urgente para las políticas públicas.
En materia de presupuesto, aunque el Gobierno ha señalado importantes incrementos en esta área, es necesario contextualizar los números. Las alzas recientes se deben en gran medida a una recuperación de niveles previos a la pandemia. Como porcentaje del gasto público total, el presupuesto destinado a orden y seguridad se encuentra en su nivel más bajo en al menos 20 años, lo que plantea preguntas sobre la prioridad otorgada a esta materia.
La disminución de recursos para el Ministerio Público –revertida esta semana solo tras conversaciones entre la Fiscalía, Hacienda e Interior-, sumado a los recortes en el Poder Judicial y las policías no colaboran con los objetivos de responder con oportunidad y contundencia a un fenómeno delictual que avanza y se transforma constantemente hacia nuevas y más complejas formas de comisión de delitos. Decisiones de este tipo son difíciles de comprender en un contexto en que la seguridad es la principal preocupación ciudadana y dificultan los esfuerzos necesarios para enfrentar el crimen organizado y apoyar a las víctimas.
En el ámbito legislativo, es importante reconocer que se han aprobado leyes relevantes, en gran medida gracias a la colaboración con la oposición. Sin embargo, aún persisten temas que generan incertidumbre sobre la posibilidad de que se resuelvan en este mandato. Entre los proyectos esenciales para avanzar hacia un sistema de seguridad más eficiente y confiable en los que no se han logrado avances significativos se cuentan la especialización de las policías, la modernización del sistema de inteligencia estatal, la creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos.
Es evidente que los desafíos son complejos y que las soluciones requieren tiempo, recursos y voluntad política. En ese sentido, una comunicación más equilibrada de parte del gobierno, que reconozca los avances logrados, pero también los desafíos pendientes, puede fortalecer la confianza ciudadana y alinear los esfuerzos de todos los sectores involucrados.
