El directorio de la petrolera española Repsol dio luz verde al principio de acuerdo suscrito a comienzos de esta semana entre Argentina y España para cerrar el conflicto por la expropiación de YPF.
Esto implica que ahora habrá un período de negociaciones para definir los términos -fechas, rentabilidad y duración- de los bonos que emitirá el Estado argentino para compensar a la firma hispana. La cifra involucrada, se entiende, bordearía los US$ 5.000 millones.
Si bien este último monto es inferior a aquellos que en principio se mencionaron por parte de los españoles, parece lógico asumir que en este caso están tratando de asegurar algún reembolso en consideración de lo complejo que fue el episodio de expropiación, del cual ya han pasado casi diecinueve meses.
Lo positivo, por lo demás, es que la administración de Cristina Fernández de Kirchner -a través de su nuevo ministro de Economía- asumió que el concepto de la indemnización es el paso que correspondía para ajustarse a la legalidad.
Argentina, ya sea por pragmatismo u otras razones, parece haber aceptado que los inversionistas requieren señales de mediana claridad y respeto jurídico para poder impulsar proyectos.