Nuevas facultades al SERNAC: ¿solución equilibrada?
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Durante la segunda administración de la Presidenta Bachelet, el Ministerio de Economía envió un proyecto de ley al Congreso que le entregaba al Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, facultades normativas de carácter general, así como la posibilidad de determinar sanciones tras una fiscalización.
Esta acumulación de facultades generó gran preocupación, ante lo cual el gremio del comercio presentó un escrito ante el Tribunal Constitucional, el cual en enero de 2018 rechazó las nuevas facultades, indicando que “El SERNAC actuaría como juez y parte, ejerciendo facultades fiscalizadoras (de naturaleza administrativa) para luego aplicar una sanción (de naturaleza jurisdiccional), teniendo sus efectos mayor intensidad que solo una sanción administrativa”.
Se debe resistir la tentación de caer en legislaciones burocráticas y restrictivas que no ayudan a los consumidores.
Pues bien, el SERNAC ha anunciado que se presentará un nuevo proyecto de ley, donde ya no se planteará la facultad normativa de carácter general; esto sin duda es positivo, basta recordar que hace unos años, un director del servicio dictaminó, por sí y ante sí, que los estacionamientos en centros comerciales debían ser gratuitos. El desgastante debate que se generó a partir de ello muestra que lo normativo debe ser definido en sede legislativa.
Lo que estaría contemplado ahora es otorgar al SERNAC nuevas facultades sancionatorias que incentiven a las empresas a solucionar los problemas que tengan con sus clientes antes de que el servicio aplique las multas. Estas nuevas facultades han generado inquietud en el comercio, ante un SERNAC que cambia su misión desde un servicio que protege e informa a los consumidores, de manera parcial, a uno que toma parte y se convierte en una fiscalía del consumidor, que no necesita presentar el caso ante un juez imparcial para determinar las sanciones.
Una economía moderna requiere de una regulación de protección a los consumidores eficiente y eficaz, cuyo objetivo debe ser la búsqueda de soluciones equilibradas y efectivas que promuevan su desarrollo y los intereses de los consumidores. Se debe resistir la tentación de caer en legislaciones burocráticas y restrictivas que, paradójicamente, dificultan resolver los problemas de los consumidores.
