Normativa sobre delitos económicos: serios problemas
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El Congreso Nacional aprobó un proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos y atentados al medio ambiente, agravando considerablemente las consecuencias penales asociadas a este tipo de conductas.
El proyecto contiene algunos avances, como la sistematización de la normativa penal económica, que se encontraba dispersa, así como el agravamiento de algunas sanciones que en el pasado generaron conmoción pública por la levedad de sus penas.
Lo aprobado por el Congreso podría estar consagrando un derecho penal de autor, lo cual es cuestionable jurídicamente.
Con todo, la normativa propuesta presenta serios problemas. Primero, prácticamente crea un estatuto sancionatorio particular para empresas grandes y medianas, estableciendo penas especiales, agravantes y otras reglas penales que no se aplican al resto de los ciudadanos. Lo anterior ha llevado a sus detractores a sostener que la ley estaría consagrando un derecho penal de autor, lo cual es cuestionable jurídicamente.
Un ejemplo claro de lo anterior es la consagración de una agravante “calificada” por participar activamente si es que se ocupa una posición jerárquicamente superior en la organización que perpetró el delito, para ilícitos que, por su propia definición, requieren de dicha posición. Lo anterior viola el principio de “non bis in idem”, que exige que la ley no castigue dos veces por el mismo delito.
En segundo lugar, llama la atención la desproporción entre las penas asociadas a la comisión de los delitos económicos y el resto de los ilícitos. De este modo, delitos cometidos en el mercado financiero tendrían penas iguales o peores que aquellas asociadas a la violación o el homicidio.
Finalmente, el proyecto tipifica una serie de delitos medioambientales, sin ponderar los efectos que dicha regulación produce en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En efecto, se regulan como delitos materias que deberían regularse por vía administrativa, lo cual sólo consigue aumentar la incertidumbre de los inversionistas. Como esta incertidumbre ya es demasiado alta en materia ambiental, el proyecto podría desincentivar aún más la inversión.
