Muchas veces se olvida que fomentar el buen funcionamiento y la competencia en mercados esenciales para los grupos de bajos ingresos, como el de los medicamentos y de telefonía, es también una política social. Una política, incluso, que puede ser más efectiva y permanente que la política de “bonos”, impulsada transversalmente por todos los sectores políticos.
A nivel internacional, esto se denomina “políticas de competencia”, las cuales debiesen estar insertas dentro de una estrategia más amplia de crecimiento, ya que buscan lograr un crecimiento inclusivo y con más equidad, algo que hace mucha falta en nuestro país.
El laboral es un ejemplo de mercado crucial para los más pobres que necesita ver mejorado su buen funcionamiento. Más productividad, más empleo y mejores salarios deben ser vistos como parte de la política económica, pero también de la política social. Inexplicablemente estos años se ha sido más bien temeroso en esta área, ya que no es posible identificar reformas de fondo que corrigieran nuestro anacrónico código laboral.
Sin embargo, a meses de terminar su gestión, el gobierno tiene la posibilidad de enmendar el rumbo con dos énfasis importantes en políticas de competencia. Primero, la puesta en marcha de la llamada “Ley de Fármacos”, la cual debiese reducir el precio de los medicamentos. Y segundo, el gobierno debiese resistir las presiones de las empresas del mercado telefónico, para que la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) logre implementar la rebaja de 80% en los cargos de acceso por el uso de celulares, lo cual redundará en menores precios para los usuarios de telefonía.