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Alto contrasteMalas noticias en la lucha contra la corrupción
La caída de Chile en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), pasando del lugar 29 al 32, no es una sorpresa en un contexto interno de sucesivos y bullados escándalos en el mundo público y privado (desde el caso Convenios hasta el caso Hermosilla y una larga lista de fraudes financieros y cohecho). El resultado duele: alcanzamos el nivel más bajo desde que partió esta medición, profundizando la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones y las empresas.
De lo anterior solo podemos tomar lecciones, una de ellas es no bajar los brazos en esta guerra, pese a que los vientos no soplen a favor tanto en el frente interno, como en la escena internacional.En el país, es cierto que se han aprobado numerosas normativas para enfrentar los delitos de funcionarios públicos y los de cuello y corbata; entre ellas, la ley de transparencia, la regulación al financiamiento a la política y más recientemente la ley de delitos económicos, de la que aún no existe medición alguna sobre su efectividad, tanto en lo preventivo como a nivel de casos que se estén llevando a la justicia.
“Se han aprobado numerosas normativas (…) La pregunta es si estas leyes están siendo correctamente realizadas, implementadas o faltan piezas a dicha ecuación”.
Justamente, la pregunta es si estas leyes están siendo correctamente realizadas, implementadas o faltan piezas a dicha ecuación. En lo inmediato, salta a la vista la necesidad de regular los gobiernos locales y regionales, los que siguen siendo focos frecuentes de malas prácticas en la administración pública. Desde luego, que la empresa privada también tiene sus desafíos en materias de gobiernos corporativo y mayor transparencia. Y en ambos casos el llamado es a avanzar con sentido de urgencia, tomando las palabras del presidente de Chile Transparente, Alejandro Ferreiro.
Si miramos el frente externo, las señales no pintan mejor. En una decisión sin precedentes, el mandatario norteamericano, Donald Trump firmó la semana pasada una orden ejecutiva que suspende la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), argumentando que ésta perjudica la competitividad de las empresas estadounidense, lo que ha encendido las alertas de todos los organismos de probidad que advierten el retroceso que esto supone, donde EEUU deja de lado el rol fiscalizador –elevando los estándares internacionales- y abre la puerta para que sus empresas eventualmente salgan impunes al usar la corrupción como herramienta de negocios.En este escenario, Chile está llamado a retomar su sitial de integridad en la región, el país tiene una historia y reputación en esta materia, que también es clave para su competitividad.
