Cumpliendo con la Agenda de Energía, el Ejecutivo ingresó al Congreso el proyecto de ley que modifica las licitaciones de suministro de electricidad a clientes regulados. Esta iniciativa se enmarca dentro del compromiso de reducir en 25% los precios de las licitaciones eléctricas en la próxima década.
Los principales cambios dicen relación con el otorgamiento de mayores atribuciones del Estado en el proceso de licitación, la propuesta de un mecanismo de revisión de precios para situaciones no previstas, la determinación de un precio máximo oculto, la posibilidad de postergar el inicio de suministro o terminar anticipadamente el contrato en casos debidamente fundados, la incorporación de licitaciones de corto plazo, la posibilidad de traspasar los excedentes de suministro contratado entre distribuidoras, la regulación de los retiros sin contrato y el aumento del límite superior para ser cliente libre.
Pese a algunos avances que incorpora este proyecto, son varios los cuestionamientos que han surgido en torno a las medidas propuestas. Particularmente controvertido es el rol protagónico que se le asigna al Estado, con atribuciones que algunos han considerado altamente discrecionales. A ello se suma un tratamiento de los suministros sin contrato que aumenta el riesgo de las generadoras, lo que sumado a la ampliación del universo de clientes regulados, podría dificultar aún más la oferta de suministro. Estos temas deberán ser debidamente analizados durante la tramitación legislativa para evitar un nuevo obstáculo a la concreción de proyectos y una eventual fuente de encarecimiento de la energía.