Ley corta de isapres: oportunidad del Comité Técnico
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A inicios de mayo, el Ejecutivo ingresó a la Comisión de Salud del Senado un proyecto de ley para implementar los fallos de la Corte Suprema en materia de tabla de factores. Luego de dos meses de tramitación, los expertos que han concurrido a la comisión coinciden que de aplicarse tal cual, dicho proyecto de ley podría terminar con el sistema asegurador privado, y generar con ello un efecto sistémico en prestadores privados, sus trabajadores, y en el sistema de salud como un todo.
Más que una preocupación respecto de la sostenibilidad de la industria, lo que urge es el efecto en la ciudadanía, puesto que de implementarse sin cambios el proyecto, estaría en riesgo la continuidad de las coberturas y tratamientos de quienes hoy son beneficiarios del sistema Isapre. Adicionalmente, al estresar con ello la ya compleja situación del sistema público, se perjudicaría también a quienes están asegurados por Fonasa.
Es clave que el Comité redacte pronto un documento, ojalá de consenso, que dé luces sobre los cambios que recomienda hacer al proyecto.
El desafío consiste, entonces, en buscar una solución que cumpla con lo resuelto por la Corte Suprema, pero que también entregue certidumbre a quienes hoy están en las isapres, sobre todo a los pacientes que hoy padecen enfermedades crónicas o tienen tratamientos vigentes.
Conscientes de la difícil misión encomendada, la Comisión de Salud del Senado instaló la semana pasada un Comité Técnico, con representantes del Ejecutivo (Salud, Hacienda y Superintendencia), Congreso (senadores y asesores parlamentarios), sector isapre y academia, con el objeto de apoyar a la Comisión en la evaluación de posibles cambios al citado proyecto de ley.
Dicho Comité ya cuenta con los valiosos insumos entregados a la Comisión de Salud, varios de estos provenientes incluso de sus mismos integrantes. Por ende, ya conoce tanto el posible impacto en el sistema asegurador privado, como una serie propuestas de alternativas de implementación del fallo.
Dado que sólo trabajarán cuatro sesiones (se reunirán semanalmente sólo hasta el 31 de julio), resulta clave que el Comité se enfoque en la pronta redacción de un documento, ojalá de consenso, que dé luces de los cambios que recomiendan hacer al proyecto de ley.
