El Caso Pollos revivió la urgencia por introducir cambios a nuestra legislación de libre competencia. La prudencia llama a reconocer los avances realizados y no apresurar cambios profundos que solo busquen reaccionar mediáticamente. En este contexto, es fundamental admitir que la legislación actual ha experimentado un importante proceso de modernización durante las últimas décadas, particularmente con las reformas implementadas en años previos que fortalecieron las atribuciones de la FNE, crearon el TDLC e introdujeron la delación compensada para desbaratar carteles.
Ello no significa desconocer que existen espacios para mejorar la institucionalidad vigente, situación que fue recogida por la Comisión Asesora Presidencial para la Defensa de la Libre Competencia que a mediados de 2012 entregó un informe con propuestas para perfeccionar la legislación sobre la materia, en aspectos como el sistema de sanciones, el mecanismo de delación compensada y el sistema de consulta de fusiones.
Actualmente, la autoridad se encuentra afinando los detalles para una propuesta que ingresaría al Congreso en el mes de octubre. En ésta se abordarían temas como los niveles de las multas, el control de fusiones, la despenalización de la delación compensada y la dedicación exclusiva de los miembros del TDLC, entre otros. Pero probablemente la medida que debiera concitar mayor discusión será la eventual introducción de sanciones penales en casos de colusión, donde han existido posiciones discordantes entre los expertos. Es de esperar que el tema sea analizado en su mérito y no simplemente en respuesta a un caso puntual.