Las instituciones ante Dominga

Sin sorpresas y como era previsible, el Comité de Ministros rechazó por tercera vez el proyecto minero y portuario Dominga, tras menos de dos horas de deliberación y con una integración inédita de miembros subrogantes, luego de que la mayor parte de sus titulares quedaron inhabilitados por haber emitido opiniones en contra de la iniciativa antes de asumir en la entidad. La empresa calificó el hecho como “ilegal e inconstitucional” y anunció que recurrirá al Tribunal Ambiental y a la Corte Suprema para intentar rescatar el proyecto de US$ 2.500 millones, que acumula 11 años de tramitación.

En silencio, sin declaraciones y sin ser vistos, cuatro subsecretarios, un jefe de gabinete y el titular de la división jurídica del Ministerio del Medio Ambiente refrendaron lo que el Gobierno venía señalando desde tiempos de campaña: que no daría luz verde a la iniciativa que contempla dos minas, un puerto de embarque y una desaladora, a pocos kilómetros de la reserva del Archipiélago de Humboldt.

De acuerdo con un escueto comunicado, el rechazo se basó en que no existiría información suficiente respecto de si la cadena alimenticia del tricahue -una especie cuyo riesgo de extinción no era motivo de debate en esta instancia- estaría asegurada; como tampoco sobre los planes de contingencia y emergencia ante eventuales derrames de hidrocarburos y de vertimientos de concentrados de hierro.

En La Higuera, donde se emplazaría Dominga, una zona deprimida por el desempleo y la escasez de agua -junto a la falta de muchos otros servicios- la habilitación de una iniciativa de esta magnitud podría significar la generación de unos 10 mil puestos de trabajo directos e indirectos, entre las fases de construcción y operación, que se estima en más de 20 años. Hace pocos meses, Arauco y CMPC decidieron llevar las mayores inversiones de su historia a Brasil -por más de US$ 9.000 millones, en conjunto-, en lo que fue clave la actitud colaborativa de las autoridades de ese país para obtener los respectivos permisos ambientales. Puestos ante este ejemplo, cabe preguntarse por qué en Chile, a lo largo de más de una década, no han podido gestionarse las soluciones que conjuguen crecimiento económico y protección ambiental de cientos de proyectos que permanecen en el limbo administrativo.

Más allá del sustento técnico, el caso de Dominga es ilustrativo respecto de una institucionalidad que falla según decisiones y posturas propias del debate político, más que de la esfera técnica, científica y reglamentaria. El Presidente Gabriel Boric y sus ministros han manifestado abiertamente su oposición al proyecto, lo que ha dejado a la institucionalidad en entredicho, pues ya no opera de manera libre y desprejuiciada. “Dejemos que las instituciones funcionen”, la frase que inmortalizó el exPresidente Ricardo Lagos, parece así lejana e inviable en un cuadro donde las desconfianzas del aparato público hacia el emprendimiento privado alimentan un ambiente de incertezas, que agrava el ya limitado crecimiento económico proyectado para el país.