La señal desde Ecuador
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La campaña presidencial de 2023 fue una suerte de macabro anticipo de la violenta crisis que está viviendo Ecuador: no sólo fue baleado en un mitin político el candidato Fernando Villavicencio, sino que siete de los detenidos por el crimen (todos de nacionalidad colombiana) fueron posteriormente asesinados en la cárcel.
El asesinato de Villavicencio no fue político-ideológico, sino puramente mafioso: una advertencia de grupos del crimen organizado (la mayoría vinculado al narcotráfico) de que una agenda centrada en poner coto a las mafias era una sentencia de muerte. Del mismo tenor fue la ola de ataques y secuestros de esta semana -incluyendo el violento asalto transmitido en vivo a un canal de TV-, un desembozado intento de forzar al recién elegido gobierno a retroceder en su campaña contra el delito.
Hoy vemos una dolorosa lección sobre los peligros de la inacción, la complacencia y el faccionalismo político ante el avance del narco.
Es decir, terrorismo, como correctamente lo definió el Presidente Noboa en su decreto ordenando la intervención de las FFAA para enfrentar a los narcos, cuyo poder de fuego y capacidad de coordinación a menudo supera a las fuerzas policiales. Se podrá discutir la conveniencia de esta medida, pero no cabe duda de que se trata de una respuesta de emergencia ante una situación sin precedentes que pone en juego al Estado de derecho y la estabilidad democrática.
Como ya han señalado diversas voces, lo que ocurre en Ecuador no puede sino ser visto como una señal de alerta para los otros países de la región, respecto de los peligros de la inacción, la complacencia y el faccionalismo político ante el avance del narco, cuya insidiosa capacidad de corromper instituciones y penetrar el tejido social (la llamada “narco cultura” es un ejemplo) está bien documentada, y la han vivido varios de nuestros vecinos.
El narcotráfico tiene un enorme poder para explotar ecosistemas institucionales vulnerables y las oportunidades de mercado que ello genera. Ese poder no conoce fronteras y de ello ya hay evidencia en Chile. Hacerle frente debe involucrar a todas las instituciones de la sociedad -desde la seguridad y la justicia, a la educación y la salud-, pero empieza por la decisión política de darle prioridad en la agenda de gobierno.
