La negación de la democracia en venezuela

Los regímenes dictatoriales, en Latinoamérica como en otras partes del mundo, entendieron hace muchos años que negarse frontalmente a la realización de elecciones importa un golpe muy duro a su imagen internacional y estabilidad interna, y que los expone casi automáticamente a sanciones económicas y diplomáticas que pueden tener un alto costo.

En países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, la salida ha sido celebrar procesos que, en la forma al menos, reúnen suficientes requisitos como para ser calificados de “electorales” -básicamente, la concurrencia a las urnas-, pero que de ninguna manera cumplen las condiciones de una auténtica elección democrática en términos de competencia, transparencia, igualdad de condiciones, garantías constitucionales, etc.

La reciente inhabilitación por 15 años de la candidata opositora venezolana María Corina Machado es parte de ese libreto en que, sin negarse a que se celebren elecciones, el régimen de Nicolás Maduro -como antes el de Hugo Chávez- se asegura de no enfrentar la posibilidad de ser derrotado en las urnas.

La reciente inhabilitación de una candidata opositora es parte de la fórmula chavista para evitar una posible derrota en las urnas.

Esa posibilidad era, desde luego, muy remota, porque incluso enfrentado a una oposición unida (que no es el caso, lamentablemente) o a una candidatura potencialmente ganadora (como parecía ser la de Machado, según encuestas independientes), el chavismo se ha asegurado de manipular todos los resortes que garanticen su permanencia en el poder, desde la inscripción de candidatos a la propaganda y el financiamiento electoral, hasta el control de los registros electorales y el conteo final de votos. Sin olvidar, por cierto, el amedrentamiento y la violencia contra sus opositores -o la cárcel, en muchos casos-, y la ausencia de observadores internacionales durante todo el proceso.

La inhabilidad de Machado, como la de otros políticos opositores venezolanos, fue decretada por la Contraloría, contraviniendo la Constitución. La condena internacional ha sido muy amplia, incluso la del colombiano Gustavo Petro, simpatizante del chavismo. En cambio Chile, inexplicablemente, ha guardado silencio, pese a que en su momento el Presidente Boric no titubeó en criticar a Perú por una crisis política que siguió la vía institucional y preservó las garantías democráticas.

Es una inconsistencia lamentable, que sin duda debe doler a los cientos de miles de venezolanos que han huido de su país para buscar una mejor vida en Chile, como millones de sus compatriotas en otras latitudes.