La movilización social politizada
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En declaraciones al diario El Mercurio, el jefe de bancada de los diputados PC sostuvo que “una menor intensidad de la movilización social ha incidido (en) no poder haber hecho avanzar con mayor celeridad las reformas” que impulsa el Gobierno.
La oposición al Gobierno es democrática, no ha habido ningún llamado ni intento de desconocerlo, como se hizo con el anterior, justamente a través de protestas que a la postre derivaron en un riesgo para la continuidad democrática y la estabilidad política. Después del funesto 18-O, se esperaría más prudencia en los juicios de todos los líderes políticos.
No cabe conferir la misma legitimidad a las instituciones políticas que a la presión de manifestaciones callejeras.
Lo cierto es que el escaso avance de las reformas estructurales de La Moneda en el Congreso no puede achacarse a mero obstruccionismo, pues las principales críticas a los proyectos del Ejecutivo han sido avaladas con sólidos argumentos técnicos por grupos políticamente transversales de expertos en materias como impuestos, pensiones o trabajo, entre otras.
Que el Gobierno no cuente con las mayorías necesarias para aprobar sus reformas es resultado del juego democrático en el “mercado” electoral y es responsabilidad del Ejecutivo crear los espacios políticos (los acuerdos y consensos) para darles viabilidad legislativa a sus proyectos. Y si en ese esfuerzo éstos sufren modificaciones, incluso sustanciales, no cabe interpretarlas como la “traición” de compromisos de campaña -según entienden algunos sectores-, sino como muestras de realismo político y, nuevamente, parte del juego democrático y las adecuaciones que todo proyecto requiere.
Por eso, la mirada del parlamentario PC denota una peligrosa concepción de la política en democracia según la cual, a falta de acuerdos que permitan avances legislativos, la alternativa legítima es hacer presión desde la calle. Sin dar importancia, por ejemplo, al eventual grado de representatividad de esas movilizaciones; o sin explicar por qué la voluntad de ciertos grupos expresada circunstancialmente de esa manera es un sustituto legítimo del proceso legislativo, cuando éste no se inclina del lado que ellos pretenden.
