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Alto contrasteLa ley Fintech y el reto de una implementación efectiva
El auge de las startups financieras y su explosivo crecimiento en Chile y el mundo las hizo entrar prontamente dentro del radar de los reguladores. Hace dos años se promulgó la ley Fintech en el país y esta semana se cumplió un hito relevante para hacer efectiva la normativa, tras concluir el proceso de inscripción y autorización del registro de este tipo de prestadores de servicios ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Si bien el número de firmas que se registraron se ajustó a las estimaciones del regulador (350 solicitudes), no deja de ser sorprender que, en un país tan pequeño como Chile, existan 485 plataformas de servicios financieros locales e internacionales –según datos del Radar Finnovista 2024- que utilizan la tecnología para entregar distintos productos, desde financiamiento colectivo y asesorías crediticias y de inversión hasta custodia e intermediación de sofisticados instrumentos financieros.
Esto supone, tal como lo señaló a DF la vicepresidenta de la CMF; Bernardita Piedrabuena, un desafío para los equipos de supervisión, pero sobre todo para los nuevos regulados que deberán ponerse a tono y enfrentar exigencias; no solo respecto de sus requerimientos de capital y garantías sino de gobierno corporativo y gestión de riesgos. Una carga regulatoria que evidentemente genera costos, pero cuyos beneficios sociales (inclusión y confianza en el sistema) y de control de riesgo sistémico (estabilidad financiera) la hacían cada vez más necesaria.
Es innegable que, dado el perfil de las fintech y su masificación en plataformas digitales, pasaron a ser un actor relevante dentro del ecosistema financiero, sobre todo por su potencial de afectar decisiones de inversión.
En ese sentido, es una buena noticia que dentro del perímetro regulatorio también se ponga los ojos sobre los denominados “finfluencers”, quienes deberán cumplir similares estándares de gobierno corporativo (conflictos de interés y remuneración asociada a auspiciadores) y gestión de riesgos, incluso si tienen menos de 100 mil seguidores, para quienes se aplicará el criterio de proporcionalidad.
Justamente el que exista este criterio en la ley y se cumpla a cabalidad hace que disminuyan los temores sobre un eventual freno al desarrollo de la innovación y la competencia.
Un buen ejemplo de política pública, que en su perfeccionamiento contó con la activa participación del sector privado a través de distintas instancias de consulta que el regulador se planteó con el objetivo de resguardar el desarrollo del sector y la conducta de mercado.
