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Alto contrasteImprovisación en la megatoma de San Antonio
El acuerdo de último minuto al que llegó el Gobierno con los dueños del terreno y los pobladores da la megatoma de San Antonio, emplazada en el Cerro Centinela en Valparaíso, pone nuevamente en relieve cómo las políticas públicas y los temas referidos al cumplimiento del Estado de Derecho, el respeto a la propiedad privada y el resguardo de la seguridad vuelven a resolverse sobre la base de la improvisación. Es cierto que de no ser por el protocolo alcanzado, muy probablemente, el desalojo de más de 4 mil familias hubiese derivado en un agudo cuadro de violencia, pero haberlo evitado no resuelve el complejo problema de fondo.
Es inquietante que el Estado, como árbitro de la vida en sociedad, llegue a última hora para responder a un problema de larga data, que viene arrastrándose desde antes de la actual administración. La usurpación del terreno de 250 hectáreas, en el que habitan cerca de 11 mil personas –un tercio de ellas niños y adolescentes- comenzó en 2019, en medio del estallido social y siguió creciendo exponencialmente durante la pandemia. Tras un recurso de protección presentado por los propietarios, los tribunales ordenaron el desalojo que debía comenzar mañana. Durante cinco años la megatoma de San Antonio, reconocida como el asentamiento irregular más grande del país, fue acumulando construcciones, comercio, servicios básicos y de transporte colectivo en un lugar donde no debería haber gente viviendo.
En Chile subsisten cerca de 4.000 campamentos, en los que habitan alrededor de 110 mil familias, lo que da cuenta de cómo el país viene acumulando un menoscabo en la capacidad de acceso a la propiedad que, entre otras cosas, ha empujado el auge de tomas que, a la larga, terminan perpetuándose.
Al deterioro en los índices de acceso a la vivienda en el país, se suman fenómenos migratorios, las complejidades del financiamiento hipotecario, la permisología y planos reguladores rígidos.
Lo ocurrido en San Antonio es una muestra de cómo problemas que son evidentes, que se acumulan por décadas y que son foco de otro tipo de conflictos sociales y económicos, se anidan y crecen a la vista del Estado sin que se aborden a tiempo. Esto no solo redunda en malas soluciones, sino que implica costos para el Fisco que, como sabemos, no está en condiciones de despilfarrar recursos.
Aunque el ministro de Vivienda, Carlos Montes, ha asegurado que el Estado no actuará como aval, sino como “garante para construir condiciones que posibiliten una solución”, subsisten las dudas respecto de la fórmula con que se abordará el problema. El protocolo no despeja temas clave, como el valor de venta del terreno ni las garantías comprometidas por el Gobierno para que los propietarios vendan a través del sistema de cooperativas. El mismo modelo de cooperativas, propuesto por el Gobierno genera dudas, pues requiere tiempo, ahorro permanente de todos sus integrantes y una estructura legal, que hasta ahora no parece ser la prioridad de los pobladores de la toma. La fórmula alcanzada parece más bien validar que cualquier grupo de personas podría usurpar un terreno y luego legalizarlo por la vía de la presión social.
