Improcedente veto ministerial
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El reciente robo de computadores y de una caja fuerte con documentos desde las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social –por las extrañas circunstancias en que ocurrió y por las características de lo sustraído- es un hecho extremadamente grave que debe aclararse a la brevedad, despejando toda duda sobre la identidad y las motivaciones de los responsables.
El caso tiene, inevitablemente, una arista política, puesto que afecta la cartera de un ministro muy cuestionado por diversos motivos, en especial por ser referente de Revolución Democrática, el partido más directamente involucrado en el escándalo de los convenios estatales con fundaciones. Este escándalo, donde aún se investiga si hubo actuaciones ilegales de parte de actores estatales y privados, sacó a la luz prácticas al menos innegablemente reñidas con la ética, debilitando una de las pretensiones clave de legitimidad social del actual Gobierno: la probidad y la defensa del interés ciudadano.
Es claro que lo anterior suma complicaciones a la continuidad del ministro Giorgio Jackson en el gabinete, donde ya fue cambiado de cartera una vez por su cuestionada y breve gestión a cargo de la Segpres. Sin embargo, muy distinto es condicionar los diálogos políticos con el Gobierno en otras áreas a su salida del gabinete, como anunció la UDI el viernes.
No es prerrogativa de ningún partido establecer vetos ministeriales, incluso si fuera cierto que estos representan “lo que piensa la gran mayoría de Chile”, como ha dicho el timonel gremialista. El rol crucial que juega la oposición en la gobernanza democrática no puede ser rehén de vetos políticos de esta naturaleza, que fue precisamente lo que se le criticó -con justa razón- al actual oficialismo cuando ellos fueron oposición.
El país necesita que Gobierno y oposición trabajen mancomunadamente y espíritu constructivo en una variada y compleja agenda -previsional, tributaria, económica, de seguridad, etc.-. Ese trabajo no puede depender de la salida de un ministro cuando las críticas que se le hacen -incluso justificadas- son de orden político, y no basadas en evidencia concreta de una actuación más allá de la ley.
