Impostergables trabas al crecimiento

En su último informe sobre Chile, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destacó la “firmeza” y solidez de la economía nacional, pero advirtió que las perspectivas de crecimiento de largo plazo están amenazadas por la capacidad del país para sortear las trabas estructurales que mantienen rezagada la productividad y la inversión, en un escenario en que inquieta, además, el aumento del gasto público.

Con ello, el diagnóstico del organismo vino a reforzar la urgencia que diversas voces expertas han subrayado respecto de la necesidad de abordar reformas estructurales en materia de permisos, estímulo a las inversiones, la innovación y el emprendimiento.

De acuerdo con el organismo, Chile habría crecido 2,4% el año pasado, en línea con las proyecciones internas. No obstante, la cifra bajaría a 2,3% en 2025 y se desaceleraría a 2,1% en 2026, marcada por la disminución de la productividad y débiles resultados en inversión y creación de capital.

En lo esencial, la OCDE conmina a Chile a adoptar medidas que resuelvan los cuellos de botella que afectan el crecimiento potencial y que se expresan en áreas como un sistema de permisos complejo y lento, trabas a la inversión, bajas habilidades digitales, magras tasas de inversión en I+D y una persistente baja participación de las mujeres en la fuerza laboral activa.

Asegurar la sostenibilidad fiscal debe ser, además, un foco de especial prioridad según la OCDE, ámbito en el que advierte que el espacio es limitado y las presiones de gasto a largo plazo aumentarán.

La fórmula que propone el organismo apunta a una reforma que reduzca la carga tributaria de las empresas y que aumente los impuestos a la propiedad, mientras se elevan transitoriamente los gravámenes ambientales y al tabaco, y se rebajan en forma gradual las deducciones y exenciones regresivas del impuesto sobre la renta.

En rigor, se trata de propuestas que académicos, expertos y el sector privado han planteado. En los últimos meses, retomar un crecimiento con tasas cercanas a 5% ha sido el foco de buena parte del debate económico, pero no ha tenido un correlato en la agenda legislativa o en la gestión administrativa.

Esto no es responsabilidad de un solo sector, sino que es reflejo de la poca capacidad de negociación y flexibilidad de quienes hoy tienen el poder transaccional en el sistema de partidos.

En este escenario, el último año de la actual administración puede ser una buena oportunidad para abordar medidas consensuadas que comiencen a abrir el camino hacia un crecimiento sostenible, en un contexto donde el desempeño de los últimos cuatro está cerrando con una expansión promedio anual que podría ser la más baja de los últimos 35 años.